El Gobierno oficializó la reforma migratoria: nuevas categorías de residencia y cambios en las condiciones para ingresar al país

Tal como había anticipado el vocero presidencial Manuel Adorni a través de una conferencia de prensa, el Gobierno estableció cambios en la reforma migratoria. A través del Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificaron las categorías de residencia, las condiciones para ingresar y permanecer en el país y los accesos a la salud y educación.

En primera medida se asentaron nuevos criterios de ingreso y residencia para regular la permanencia de extranjeros. “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”, afirmaron en el documento.

A través de la normativa actualizada, el Gobierno efectuó cambios principalmente en materia de salud. “Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”, decretó, sin embargo, aclaró que en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual “contra la presentación de un seguro o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el ministerio”.

Incluso, en cuanto al ingreso, el Ejecutivo señaló: “A fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación“.

“En casos de emergencia no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”, se especificó.

A su vez, mediante el decreto se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, la cual dependerá del Ministerio de Economía y tendrá la función de diseñar, gestionar, y controlar los programas para atraer extranjeros que contribuyan al crecimiento de la Argentina. Estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, el cual será designado por el Poder Ejecutivo.

Causas que impiden del ingreso y permanencia de extranjeros

• La presentación de documentación falsa o adulterada, o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales
• Tener prohibido el ingreso en virtud de una prohibición dictada
• Tener condenas o antecedentes que, en materia de la legislación argentina, implique una pena de tres años o más
• Haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa;
• Haber participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad.
• Tener condenas por haber promovido el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino
• Haber ingresado o intentado ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados
• Haber egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición otorgada definitivamente

Cambios en materia educativa

En consonancia con los anuncios anticipados por Adorni, el Gobierno estableció que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. Sin embargo, resolvió que a aquellos que no estén incluidos en la reglamentación se les podrán imponer retribuciones por los servicios.

Además, especificó: “Quienes no cuenten con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Por otra parte, el Ejecutivo ordenó al Estado, las provincias y la ciudad de Buenos Aires a garantizar el acceso y las condiciones para la permanencia en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo a aquellos migrantes que no cuenten con DNI.

“Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, advirtió el Gobierno.

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Tal como había anticipado el vocero presidencial Manuel Adorni a través de una conferencia de prensa, el Gobierno estableció cambios en la reforma migratoria. A través del Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificaron las categorías de residencia, las condiciones para ingresar y permanecer en el país y los accesos a la salud y educación.

En primera medida se asentaron nuevos criterios de ingreso y residencia para regular la permanencia de extranjeros. “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”, afirmaron en el documento.

A través de la normativa actualizada, el Gobierno efectuó cambios principalmente en materia de salud. “Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”, decretó, sin embargo, aclaró que en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual “contra la presentación de un seguro o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el ministerio”.

Incluso, en cuanto al ingreso, el Ejecutivo señaló: “A fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación“.

“En casos de emergencia no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”, se especificó.

A su vez, mediante el decreto se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, la cual dependerá del Ministerio de Economía y tendrá la función de diseñar, gestionar, y controlar los programas para atraer extranjeros que contribuyan al crecimiento de la Argentina. Estará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, el cual será designado por el Poder Ejecutivo.

Causas que impiden del ingreso y permanencia de extranjeros

• La presentación de documentación falsa o adulterada, o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales
• Tener prohibido el ingreso en virtud de una prohibición dictada
• Tener condenas o antecedentes que, en materia de la legislación argentina, implique una pena de tres años o más
• Haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa;
• Haber participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad.
• Tener condenas por haber promovido el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino
• Haber ingresado o intentado ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados
• Haber egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición otorgada definitivamente

Cambios en materia educativa

En consonancia con los anuncios anticipados por Adorni, el Gobierno estableció que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. Sin embargo, resolvió que a aquellos que no estén incluidos en la reglamentación se les podrán imponer retribuciones por los servicios.

Además, especificó: “Quienes no cuenten con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Por otra parte, el Ejecutivo ordenó al Estado, las provincias y la ciudad de Buenos Aires a garantizar el acceso y las condiciones para la permanencia en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo a aquellos migrantes que no cuenten con DNI.

“Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, advirtió el Gobierno.

 A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció las modificaciones anticipadas; se hizo foco en la salud, la educación y los extranjeros con condenas  LA NACION