CÓRDOBA.- El anuncio del Gobierno libertario de la baja de impuestos internos y de aranceles de importación a celulares, televisores y aires acondicionados impacta, por un lado, de manera positiva y, por otro, negativa, en el régimen especial de Tierra del Fuego. La reducción de impuestos internos beneficia también a las empresas radicadas allí que, seguramente, deberán ser más competitivas frente a los productos que entrarán a menor precio.

Gustavo Melella, el gobernador fueguino, salió al cruce del anuncio y dijo que les genera “profunda preocupación”. Calificó a la medida como “un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”.

El régimen especial fueguino se sancionó el 16 de mayo de 1972. Establece un esquema fiscal y aduanero especial para la provincia. Su costo fiscal, según datos del Iaraf que dirige Nadín Argañaraz, equivale al 0,33% del PBI, $2.630.100 millones a moneda actual al año. El cálculo del think tank Fundar es algo menor, alrededor de US$1.000 millones anuales (no incluye las exenciones en Ganancias y en el impuesto al cheque).

En cualquier caso, es una cifra importante que la Nación decidió sostener aun cuando pasó la “motosierra” por otros esquemas especiales que existían.

En diálogo con LA NACION, Argañaraz planteó que si este año se mantiene esa proporción del PBI equivale al cinco por ciento del gasto en jubilaciones y al dos por ciento del gasto primario nacional. “La discusión del gasto tributario -agregó- debe darse junto con la del peso del gasto público y con el nivel de carga tributaria y distribución de la recaudación. No debería ser algo que se enfoque parcialmente”.

El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Juan Carlos Hallak, quien participó del informe de Fundar, precisó que los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados quedan directamente eliminados (eran de 9,5%) mientras que para los importados caen del 19% al 9,5%.

“La preferencia se mantiene, la Isla se ve beneficiada. Es una transferencia de recursos, de unos US$250 millones, del fisco a los consumidores”, aunque estos conceptos no están incluidos en el cálculo del costo fiscal total que hizo ese centro de estudios.

Esa decisión es una forma de compensación ante la reducción de aranceles de importación, que será en dos etapas. La primera es del 16% al ocho por ciento. “Los precios de los importados quedan más competitivos -dice Hallak- y eso obliga a las industrias instaladas en la Isla a bajar sus precios para poder competir”. Entiende que habrá un incremento de la recaudación de IVA porque los importados pagan 21% (carga que no afrontan los productos de Tierra del Fuego), a la vez que es de esperar más actividad en los retails locales.

El beneficio en IVA, calculó Fundar, ronda los US$630 millones anuales, se aplica sobre la facturación total y no sobre el valor agregado. La exención de los aranceles a la importación de los kits implica unos US$436 millones por año.

Cruces

Las estimaciones apuntan a entre 10.000 y 11.000 empleos que dependen de las empresas que operan en el marco del régimen especial que produce para el consumo interno, no exporta. En 2021, los beneficios se extendieron hasta 2053 con una evaluación de resultados en 2038.

Los especialistas que realizaron el informe de Fundar propusieron una transición para que la isla logre ingresos en sectores en los que es naturalmente más competitiva, como el turismo. En los últimos años, varias veces hubo negociaciones para transformar el esquema, pero todas quedaron en la nada.

Después del reclamo en las redes de Melella, fue el vocero de Presidencia y candidato a diputado nacional por CABA, Manuel Adorni, quien lo cruzó: “Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza».

La administración de Javier Milei -que combate la existencia de fondos fiduciarios- mantiene el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, un fiduciario creado en el 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández. Es de unos $180.000 millones.

En febrero, por decreto, se resolvió que 60% se usará para el financiamiento de “proyectos productivos de empresas que se enmarquen en los objetivos de mejorar la competitividad y ampliar la matriz productiva» de la isla y los de “los sectores de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, que tengan por finalidad el desarrollo de aplicaciones productivas en el territorio de la provincia, así como el financiamiento de acciones de capacitación y de formación de recursos humanos” aprobados el Comité Ejecutivo. El otro 40% a “inversiones en obras de infraestructura que presenten la Provincia y los municipios».

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CÓRDOBA.- El anuncio del Gobierno libertario de la baja de impuestos internos y de aranceles de importación a celulares, televisores y aires acondicionados impacta, por un lado, de manera positiva y, por otro, negativa, en el régimen especial de Tierra del Fuego. La reducción de impuestos internos beneficia también a las empresas radicadas allí que, seguramente, deberán ser más competitivas frente a los productos que entrarán a menor precio.

Gustavo Melella, el gobernador fueguino, salió al cruce del anuncio y dijo que les genera “profunda preocupación”. Calificó a la medida como “un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”.

El régimen especial fueguino se sancionó el 16 de mayo de 1972. Establece un esquema fiscal y aduanero especial para la provincia. Su costo fiscal, según datos del Iaraf que dirige Nadín Argañaraz, equivale al 0,33% del PBI, $2.630.100 millones a moneda actual al año. El cálculo del think tank Fundar es algo menor, alrededor de US$1.000 millones anuales (no incluye las exenciones en Ganancias y en el impuesto al cheque).

En cualquier caso, es una cifra importante que la Nación decidió sostener aun cuando pasó la “motosierra” por otros esquemas especiales que existían.

En diálogo con LA NACION, Argañaraz planteó que si este año se mantiene esa proporción del PBI equivale al cinco por ciento del gasto en jubilaciones y al dos por ciento del gasto primario nacional. “La discusión del gasto tributario -agregó- debe darse junto con la del peso del gasto público y con el nivel de carga tributaria y distribución de la recaudación. No debería ser algo que se enfoque parcialmente”.

El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Juan Carlos Hallak, quien participó del informe de Fundar, precisó que los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados quedan directamente eliminados (eran de 9,5%) mientras que para los importados caen del 19% al 9,5%.

“La preferencia se mantiene, la Isla se ve beneficiada. Es una transferencia de recursos, de unos US$250 millones, del fisco a los consumidores”, aunque estos conceptos no están incluidos en el cálculo del costo fiscal total que hizo ese centro de estudios.

Esa decisión es una forma de compensación ante la reducción de aranceles de importación, que será en dos etapas. La primera es del 16% al ocho por ciento. “Los precios de los importados quedan más competitivos -dice Hallak- y eso obliga a las industrias instaladas en la Isla a bajar sus precios para poder competir”. Entiende que habrá un incremento de la recaudación de IVA porque los importados pagan 21% (carga que no afrontan los productos de Tierra del Fuego), a la vez que es de esperar más actividad en los retails locales.

El beneficio en IVA, calculó Fundar, ronda los US$630 millones anuales, se aplica sobre la facturación total y no sobre el valor agregado. La exención de los aranceles a la importación de los kits implica unos US$436 millones por año.

Cruces

Las estimaciones apuntan a entre 10.000 y 11.000 empleos que dependen de las empresas que operan en el marco del régimen especial que produce para el consumo interno, no exporta. En 2021, los beneficios se extendieron hasta 2053 con una evaluación de resultados en 2038.

Los especialistas que realizaron el informe de Fundar propusieron una transición para que la isla logre ingresos en sectores en los que es naturalmente más competitiva, como el turismo. En los últimos años, varias veces hubo negociaciones para transformar el esquema, pero todas quedaron en la nada.

Después del reclamo en las redes de Melella, fue el vocero de Presidencia y candidato a diputado nacional por CABA, Manuel Adorni, quien lo cruzó: “Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza».

La administración de Javier Milei -que combate la existencia de fondos fiduciarios- mantiene el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, un fiduciario creado en el 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández. Es de unos $180.000 millones.

En febrero, por decreto, se resolvió que 60% se usará para el financiamiento de “proyectos productivos de empresas que se enmarquen en los objetivos de mejorar la competitividad y ampliar la matriz productiva» de la isla y los de “los sectores de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, que tengan por finalidad el desarrollo de aplicaciones productivas en el territorio de la provincia, así como el financiamiento de acciones de capacitación y de formación de recursos humanos” aprobados el Comité Ejecutivo. El otro 40% a “inversiones en obras de infraestructura que presenten la Provincia y los municipios».

 El esquema tiene un costo anual en torno a los US$1.000 millones y, además, un fondo fiduciario especial  LA NACION