La crisis que viven las personas con discapacidad dejó de ser un padecimiento que solo se vive en el interior de los hogares. En las últimas semanas, algunas organizaciones del colectivo comenzaron a sumarse a las marchas que jubilados y pensionados vienen realizando todos los miércoles desde mediados de marzo. Y hoy no será la excepción.

Los integrantes de la Asamblea Discas en Lucha, una comunidad nacional que comenzó a nuclearse a mediados de 2022, dirá presente en la Plaza de los dos Congresos para hacer visible una lista de reclamos tan larga como diversa.

La lista incluye, entre otros puntos, la potencial quita de pensiones no contributivas así como lo engorroso de sus auditorías. También la vigencia de la Resolución N°187 que los califica como “débiles mentales”, “idiotas” e “imbéciles”, la precarización laboral de los prestadores, el incumplimiento del cupo laboral del 4% en el Estado y hasta la falta de actualización del salario de los trabajadores de los talleres protegidos, que hoy es de 28.000 pesos mensuales y se adeudan desde enero.

Trabajos precarizados

“Tiene sentido que nos sumemos al reclamo de los jubilados porque las pensiones no contributivas que cobramos las personas con discapacidad equivalen al 70% de una jubilación mínima”, dice Natalia Rodríguez, integrante de la Asamblea, quien hoy se manifestará en el Congreso.

Natalia tiene 40 años y vive con su pareja en Lanús. Está perdiendo la visión producto de una enfermedad genética y utiliza bastón verde. “Tengo una licenciatura en Letras hecha por la mitad. Me toca ver cómo seguir la carrera”, dice esta mujer que asiste tres veces por semana a la Asociación de Ayuda al Ciego, donde recibe terapias y aprende diferentes sistemas de apoyo, fundamentales para enfrentar una cotidianidad sin visión.

“Yo hago tareas de edición audiovisual. Es un trabajo freelance, pero sé que son los últimos trabajos que voy a poder hacer”, dice con tono resignado. En paralelo, comenzó a hacer trabajos de data entry. “Pero todo muy precarizado, ya sabemos que el 85% del colectivo no accede a un trabajo con derechos. Así que estoy viendo cómo sostener mi autonomía en este nuevo escenario”, explica.

Yohanna Cardozo Marino tiene 33 años, es psicóloga y maestra de apoyo a la inclusión en CABA, un rol que se conoce como Acompañante Personal No Docente (APND). Además, da clases en la Universidad de Buenos Aires. A pesar de lo apretado de su agenda, hoy estará en el Congreso.

“Nuestro servicio no es una prestación aislada, es una relación de dependencia encubierta. Trabajo con horario y responsabilidades fijos, pero tengo que pagar monotributo y seguros. Y todo por un poco más de 300.000 pesos por mes”, denuncia.

Yohanna forma parte de la Posta de Salud y Cuidados, integrada por profesionales y estudiante, que elaboró un botiquín de salud mental para personas con discapacidad en entornos potencialmente hostiles, como puede ser una manifestación.

“Lo que buscamos es garantizar su seguridad. Ante un eventual episodio, les preguntamos si asistieron solos o acompañados, los ayudamos a retirarse del lugar y, en caso de algún tipo de desregulación emocional, contamos con apoyo sensorial”, explica.

Discapacidad en emergencia

La lucha de las personas con discapacidad por el ejercicio pleno de sus derechos tiene larga data. Sin embargo, las organizaciones del sector alertan que el panorama se agravó durante el actual gobierno.

¿Cuáles son los puntos más críticos?

• La falta de actualización de los aranceles de las prestaciones, que llevaban años de atraso frente a la inflación y se agravó en el último año y medio.
• La posible quita de pensiones no contributivas a partir del restablecimiento de requisitos para acceder a ella que son contrarios a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya resolución no solo incluye términos ofensivos para el colectivo sino que también implica un retroceso del modelo social al modelo médico.
• La falta de ajustes y medidas de accesibilidad que garanticen los derechos de las personas que participen de las auditorías.
• La falta de diálogo de la Agencia Nacional de Discapacidad con las organizaciones del sector.
• El incumplimiento del cupo laboral del 4% en los organismos del Estado, que deriva de la ley 22.431, sancionada en 1981, en un contexto en el que se estima que más del 85% del colectivo no tiene trabajo.
• La crisis de los talleres protegidos, fuente de trabajo de más de 6.000 personas con discapacidad, ante la falta de pago desde enero de este año y la falta de actualización de los sueldos, actualmente de 28.000 pesos.

En este contexto, actualmente existen diferentes iniciativas legislativas para declarar la emergencia en discapacidad. Una de ellas, la del diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, será tratada hoy en una reunión conjunta por las comisiones de Discapacidad, Acción Social, Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda en la búsqueda de un dictamen que le habilite su tratamiento en el recinto.

El proyecto propone, entre otros puntos, declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre inclusive, así como actualizar los aranceles de las prestaciones y eliminar restricciones vigentes para el otorgamiento de una pensión no contributiva.

“El sector discapacidad está al borde del colapso. Como nunca antes se hace insostenible brindar las prestaciones a las personas con discapacidad”, sostiene Elizabeth Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (Casaie), que nuclea a instituciones dedicadas a favorecer la educación de las personas con discapacidad permanente o transitoria a la Escuela Común. La organización convoca a la movilización de hoy en señal de apoyo al proyecto de Arroyo.

“Los legisladores tienen entre manos un proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad que, si bien no aportaría soluciones definitivas, podría ayudar a transitar este momento en el que las instituciones no encuentran maneras de sostener sus servicios”, puede leerse en el documento que hizo circular la Cámara.

“Cada vez hay menos profesionales disponibles y más alumnos que ven interrumpidos sus acompañamientos. Las instituciones que ofrecemos servicios de apoyo a la inclusión educativa atravesamos serios problemas para afrontar alquileres, impuestos, servicios, seguros y honorarios”, concluye Foschi.

Más información

• Discapacidadyderechos.org.ar es un sitio web creado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para ayuda a personas con discapacidad a conocer sus derechos, entre los que figuran el acceso a la pensión no contributiva.

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La crisis que viven las personas con discapacidad dejó de ser un padecimiento que solo se vive en el interior de los hogares. En las últimas semanas, algunas organizaciones del colectivo comenzaron a sumarse a las marchas que jubilados y pensionados vienen realizando todos los miércoles desde mediados de marzo. Y hoy no será la excepción.

Los integrantes de la Asamblea Discas en Lucha, una comunidad nacional que comenzó a nuclearse a mediados de 2022, dirá presente en la Plaza de los dos Congresos para hacer visible una lista de reclamos tan larga como diversa.

La lista incluye, entre otros puntos, la potencial quita de pensiones no contributivas así como lo engorroso de sus auditorías. También la vigencia de la Resolución N°187 que los califica como “débiles mentales”, “idiotas” e “imbéciles”, la precarización laboral de los prestadores, el incumplimiento del cupo laboral del 4% en el Estado y hasta la falta de actualización del salario de los trabajadores de los talleres protegidos, que hoy es de 28.000 pesos mensuales y se adeudan desde enero.

Trabajos precarizados

“Tiene sentido que nos sumemos al reclamo de los jubilados porque las pensiones no contributivas que cobramos las personas con discapacidad equivalen al 70% de una jubilación mínima”, dice Natalia Rodríguez, integrante de la Asamblea, quien hoy se manifestará en el Congreso.

Natalia tiene 40 años y vive con su pareja en Lanús. Está perdiendo la visión producto de una enfermedad genética y utiliza bastón verde. “Tengo una licenciatura en Letras hecha por la mitad. Me toca ver cómo seguir la carrera”, dice esta mujer que asiste tres veces por semana a la Asociación de Ayuda al Ciego, donde recibe terapias y aprende diferentes sistemas de apoyo, fundamentales para enfrentar una cotidianidad sin visión.

“Yo hago tareas de edición audiovisual. Es un trabajo freelance, pero sé que son los últimos trabajos que voy a poder hacer”, dice con tono resignado. En paralelo, comenzó a hacer trabajos de data entry. “Pero todo muy precarizado, ya sabemos que el 85% del colectivo no accede a un trabajo con derechos. Así que estoy viendo cómo sostener mi autonomía en este nuevo escenario”, explica.

Yohanna Cardozo Marino tiene 33 años, es psicóloga y maestra de apoyo a la inclusión en CABA, un rol que se conoce como Acompañante Personal No Docente (APND). Además, da clases en la Universidad de Buenos Aires. A pesar de lo apretado de su agenda, hoy estará en el Congreso.

“Nuestro servicio no es una prestación aislada, es una relación de dependencia encubierta. Trabajo con horario y responsabilidades fijos, pero tengo que pagar monotributo y seguros. Y todo por un poco más de 300.000 pesos por mes”, denuncia.

Yohanna forma parte de la Posta de Salud y Cuidados, integrada por profesionales y estudiante, que elaboró un botiquín de salud mental para personas con discapacidad en entornos potencialmente hostiles, como puede ser una manifestación.

“Lo que buscamos es garantizar su seguridad. Ante un eventual episodio, les preguntamos si asistieron solos o acompañados, los ayudamos a retirarse del lugar y, en caso de algún tipo de desregulación emocional, contamos con apoyo sensorial”, explica.

Discapacidad en emergencia

La lucha de las personas con discapacidad por el ejercicio pleno de sus derechos tiene larga data. Sin embargo, las organizaciones del sector alertan que el panorama se agravó durante el actual gobierno.

¿Cuáles son los puntos más críticos?

• La falta de actualización de los aranceles de las prestaciones, que llevaban años de atraso frente a la inflación y se agravó en el último año y medio.
• La posible quita de pensiones no contributivas a partir del restablecimiento de requisitos para acceder a ella que son contrarios a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya resolución no solo incluye términos ofensivos para el colectivo sino que también implica un retroceso del modelo social al modelo médico.
• La falta de ajustes y medidas de accesibilidad que garanticen los derechos de las personas que participen de las auditorías.
• La falta de diálogo de la Agencia Nacional de Discapacidad con las organizaciones del sector.
• El incumplimiento del cupo laboral del 4% en los organismos del Estado, que deriva de la ley 22.431, sancionada en 1981, en un contexto en el que se estima que más del 85% del colectivo no tiene trabajo.
• La crisis de los talleres protegidos, fuente de trabajo de más de 6.000 personas con discapacidad, ante la falta de pago desde enero de este año y la falta de actualización de los sueldos, actualmente de 28.000 pesos.

En este contexto, actualmente existen diferentes iniciativas legislativas para declarar la emergencia en discapacidad. Una de ellas, la del diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, será tratada hoy en una reunión conjunta por las comisiones de Discapacidad, Acción Social, Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda en la búsqueda de un dictamen que le habilite su tratamiento en el recinto.

El proyecto propone, entre otros puntos, declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre inclusive, así como actualizar los aranceles de las prestaciones y eliminar restricciones vigentes para el otorgamiento de una pensión no contributiva.

“El sector discapacidad está al borde del colapso. Como nunca antes se hace insostenible brindar las prestaciones a las personas con discapacidad”, sostiene Elizabeth Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (Casaie), que nuclea a instituciones dedicadas a favorecer la educación de las personas con discapacidad permanente o transitoria a la Escuela Común. La organización convoca a la movilización de hoy en señal de apoyo al proyecto de Arroyo.

“Los legisladores tienen entre manos un proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad que, si bien no aportaría soluciones definitivas, podría ayudar a transitar este momento en el que las instituciones no encuentran maneras de sostener sus servicios”, puede leerse en el documento que hizo circular la Cámara.

“Cada vez hay menos profesionales disponibles y más alumnos que ven interrumpidos sus acompañamientos. Las instituciones que ofrecemos servicios de apoyo a la inclusión educativa atravesamos serios problemas para afrontar alquileres, impuestos, servicios, seguros y honorarios”, concluye Foschi.

Más información

• Discapacidadyderechos.org.ar es un sitio web creado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para ayuda a personas con discapacidad a conocer sus derechos, entre los que figuran el acceso a la pensión no contributiva.

 En las últimas semanas comenzaron a participar de las manifestaciones en el Congreso; algunas organizaciones convocan a movilizarse hoy en apoyo a un proyecto de ley que declara la emergencia en el sector  LA NACION