El secreto de las patentes: una revancha contra la corrupción kirchnerista y la implacable obsesión de Milei
Sin saberlo, los automovilistas serán testigos desde la semana próxima de un episodio histórico en la Argentina: se comenzarán a ver las primeras chapas patentes fabricadas por una empresa privada después de varios años en que ese negocio estuvo a cargo del Estado.
Serán 303.675 dominios que ya se están haciendo mediante una sociedad entre empresarios locales y extranjeros en la explanta impresora de Ámbito Financiero, al lado de la cancha de Boca. Empezarán a calmar los ánimos de miles de dueños de vehículos que circulan con un papel pegado al vidrio como único comprobante visible de su propiedad.
La historia envuelve un anticipo de lo que podría ser el país del futuro y una venganza poética contra episodios relacionados con hechos de corrupción durante el kirchnerismo.
Desde fines del año pasado, con mayor asiduidad, los vehículos nuevos salen de la agencia sin patentes, porque no hay. Primero, debido a las dificultades para importar ciertos materiales, y ahora, por la ruinosa situación de Casa De Moneda, la empresa pública que las fabricaba y el gobierno de Javier Milei espera liquidar.
La compañía Tönnjes Sudamericana ganó la licitación para proveer las chapas. La novedad más importante, sin embargo, llega cuando se corrobora quiénes integran esa sociedad, casi desconocida hasta ahora para el público local.
De acuerdo con documentos oficiales, esta empresa es una asociación entre la firma alemana Tönnjes M.O.V.E.R.S. International GMBH y Boldt, mucho más conocida en el mercado doméstico, porque es dueña de varios casinos, entre ellos, Trillenium, ubicado en el partido de Tigre.
Antonio Eduardo Tabanelli, uno de los accionistas de Boldt, es el presidente de la compañía creada en la Argentina para producir las patentes de los autos. El modelo remite, en parte, a las privatizaciones de los años 90, cuando las empresas públicas pasaban a manos de holdings formados por inversores extranjeros y socios locales.
El desembarco de Boldt al negocio de las patentes encierra una revancha comercial relacionada con la corrupción kirchnerista. Más que una llegada, es un regreso.
Boldt estaba a cargo de la provisión de patentes para los autos hasta noviembre del año 2012, cuando estos trabajos pasaron a Casa de Moneda. La familia Tabanelli cometió un “error” involuntario: había alquilado la planta Ciccone, en Don Torcuato, sin saber que el exvicepresidente Amado Boudou pretendía hacer negocios con ella para beneficiarse con la impresión de billetes.
La conducción de Boldt rechazó el intento de los testaferros de Boudou de quedarse con Ciccone. En ese contexto, perdió el negocio de provisión de chapas meses después de abandonar la planta. Sus dueños ven una relación directa entre un hecho y el otro.
La revancha comercial puede ser aún mayor. Casa de Moneda también se encargaba de la fabricación de billetes y de estampillas para la AFIP. Boldt, en tanto, nació hace 90 años como una imprenta, algo que tras la última adjudicación alimenta la versión que circula en el mercado: la empresa de los Tabanelli es la gran candidata a quedarse con más negocios que hasta ahora hacía la centenaria empresa pública.
Hay un espíritu que guía estas decisiones. La sociedad de Boldt ofreció un precio bajo en una compulsa organizada por los concesionarios (Acara) a pedido del Ministerio de Justicia, que maneja Mariano Cúneo Libarona. Se quedó con el trabajo, al igual que la China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC), una imprenta gigante que fabrica la moneda de ese país, se convirtió en el principal proveedor de billetes de la Argentina con valores llamativos mientras se desmantela imprenta pública que se creó en 1875, durante la administración de Nicolás Avellaneda.
La conducción de las empresas del Estado depende en última instancia del asesor Santiago Caputo. Su idea es acelerar la retirada del sector público. No sólo para avanzar en una nueva etapa del ajuste, sino también para evitarse algunos trabajos engorrosos. Hay ejemplos betúnicos.
El pasado 8 de abril Vialidad Nacional tomó la concesión de Caminos del Río Uruguay, que tenía las estratégicas rutas 12 y 14. Como se demoró la licitación para pasarlas a manos privadas, ahora el Estado debe hacerse cargo de ellas.
Desde el primer minuto del cambio de mando, el organismo público levantó las barreras del peaje (es decir, dejó de recibir un ingreso), ordenó el corte de 3000 hectáreas de pastizales y puso en marcha la compra de 4624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para reparar baches.
El caso de las rutas obligará al gobierno liberal a asumir, al menos temporalmente, el rol en la obra pública que busca evitar. Nada hay más lejano a los planes del Presidente
La Argentina ideal que está en la cabeza de Javier Milei involucra un Estado Nacional más chico, que ceda a las provincias funciones como el mantenimiento de rutas, incluso si eso implica desprenderse de ingresos que hoy administra la Casa Rosada.
Quienes con frecuencia hablan de estos temas con el Presidente deslizan, incluso, que estaría dispuesto a cambiar la ley de Coparticipación. No para alterar los porcentajes de distribución que figuran en la norma, algo que podría derivar en peleas políticas interminables, sino para crear un modelo nuevo en el que los gobernadores tengan más responsabilidades recaudatorias para hacer frente a sus propios gastos.
El Gobierno mantiene presente el cimiento del plan pese a cierto sosiego derivado de la estabilidad cambiaria, algunos números positivos en materia de actividad y el acompañamiento explícito de Estados Unidos para soterrar los fantasmas del frente externo.
La segunda etapa del ajuste involucra detalles. Varios funcionarios tuvieron que dejar Casa Rosada en el primer trimestre del año. No fueron expulsados del Gobierno, sino que se armó una discusión por el uso de las oficinas. Una explicación que circuló tiene que ver con el ahorro.
El Estado paga $2.583 millones por mes en alquileres al sector privado, más allá de los inmuebles que son de su propiedad. El ARCA (exAFIP, que maneja Juan Paso) y la Anses (Fernando Bearzi) enfrentan la factura más alta, posiblemente porque su prestación implica una extendida presencia geográfica.
Los reacomodamientos que se vieron en los últimos meses se profundizarán en los próximos. Nicolás Pakgojz, el titular del AABE, tiene entre sus tareas reducir el gasto en alquileres mediante la relocalización de oficinas en inmuebles que ya son del Estado. Está revisando contratos de alquiler, identificando propiedades sin uso y planificando los traslados. En lo que va del año, el organismo que maneja Pakgojz le dio de baja a 21 contratos y se ahorró $30 millones.
Es una época estoica para ser funcionario. Quizás lo sepa mejor que nadie, un grupo de personas que integran los directorios de las empresas más importantes del país y ven cómo se les escurren de su cuenta bancaria sumas cuantiosas de dinero por decisiones oficiales.
Cristina Kirchner estatizó las administradoras de fondos de pensiones (AFJP) en 2008. Eso le permitió al Estado ingresar al capital accionario de las firmas estrella del mercado argentino de valores, como Banco Macro, Aluar, Ternium y Edenor, entre otras.
Hay directores del Estado en esas compañías para representar la voluntad del Gobierno. Reciben un sueldo interesante. En algunos casos, esa remuneración llega a los $4,2 millones, como ocurrió en febrero pasado con Guido Gallino, que está en el Banco Macro.
El problema para Gallino, como para muchos otros, es que nunca recibirá ese dinero. Una disposición que pasó desapercibida obliga a los directores de la ANSES que ya tengan un cargo en el Estado a ceder todos sus honorarios al FGS, el fondo de garantía del organismo que administra las jubilaciones. Entraron a su caja $67 millones este año por la donación obligada de los directores.
La marcha subterránea del ajuste más fino se apoya en la nueva primavera que se fabricó el Gobierno tras la salida del cepo cambiario. Tanto en público como en reuniones a puertas cerradas, los funcionarios liderados por el ministro de Economía, Luis Caputo, transitaron Washington esta semana con la prestancia de quien recorre la vuelta de honor tras haber ganado una carrera difícil.
Dos ejemplos son sintomáticos: la titular del organismo, Kristalina Georgieva, reiteró los elogios al país a tal punto que debió hacer aclaraciones, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió públicamente que Estados Unidos podría prestarle aún más dinero al gobierno de Milei si es que lo necesita porque, a su juicio, está haciendo bien las cosas.
Son escudos suficientes para que el Presidente, apalancado también en sus decisiones para revalorizar el peso, vaya a la pelea contra los que quieren un dólar más alto con una acción coordinada desde varios frentes.
No solo porque ya dijo que quiere un tipo de cambio a $1000, sino porque cada vez más agentes del mercado le creen. Prueba de eso es que varias empresas dieron marcha atrás con las remarcaciones que aplicaron el día después de la salida del cepo, y el campo empezó a liquidar soja por temor a perder aún más con la baja del tipo de cambio.
Distintos especialistas advierten sobre posibles problemas relacionados con un dólar barato. En su intento por bajar la inflación, el Gobierno pondrá a prueba a la producción nacional, que tendrá más dificultades para competir con las importaciones y para colocar productos afuera. Es muy probable que la Argentina tenga la oportunidad de ver qué pasa: Milei y su equipo económico están decididos a seguir la obsesión de su deseo cambiario y cuentan con los dólares suficientes para sostener esa estrategia.
Sin saberlo, los automovilistas serán testigos desde la semana próxima de un episodio histórico en la Argentina: se comenzarán a ver las primeras chapas patentes fabricadas por una empresa privada después de varios años en que ese negocio estuvo a cargo del Estado.
Serán 303.675 dominios que ya se están haciendo mediante una sociedad entre empresarios locales y extranjeros en la explanta impresora de Ámbito Financiero, al lado de la cancha de Boca. Empezarán a calmar los ánimos de miles de dueños de vehículos que circulan con un papel pegado al vidrio como único comprobante visible de su propiedad.
La historia envuelve un anticipo de lo que podría ser el país del futuro y una venganza poética contra episodios relacionados con hechos de corrupción durante el kirchnerismo.
Desde fines del año pasado, con mayor asiduidad, los vehículos nuevos salen de la agencia sin patentes, porque no hay. Primero, debido a las dificultades para importar ciertos materiales, y ahora, por la ruinosa situación de Casa De Moneda, la empresa pública que las fabricaba y el gobierno de Javier Milei espera liquidar.
La compañía Tönnjes Sudamericana ganó la licitación para proveer las chapas. La novedad más importante, sin embargo, llega cuando se corrobora quiénes integran esa sociedad, casi desconocida hasta ahora para el público local.
De acuerdo con documentos oficiales, esta empresa es una asociación entre la firma alemana Tönnjes M.O.V.E.R.S. International GMBH y Boldt, mucho más conocida en el mercado doméstico, porque es dueña de varios casinos, entre ellos, Trillenium, ubicado en el partido de Tigre.
Antonio Eduardo Tabanelli, uno de los accionistas de Boldt, es el presidente de la compañía creada en la Argentina para producir las patentes de los autos. El modelo remite, en parte, a las privatizaciones de los años 90, cuando las empresas públicas pasaban a manos de holdings formados por inversores extranjeros y socios locales.
El desembarco de Boldt al negocio de las patentes encierra una revancha comercial relacionada con la corrupción kirchnerista. Más que una llegada, es un regreso.
Boldt estaba a cargo de la provisión de patentes para los autos hasta noviembre del año 2012, cuando estos trabajos pasaron a Casa de Moneda. La familia Tabanelli cometió un “error” involuntario: había alquilado la planta Ciccone, en Don Torcuato, sin saber que el exvicepresidente Amado Boudou pretendía hacer negocios con ella para beneficiarse con la impresión de billetes.
La conducción de Boldt rechazó el intento de los testaferros de Boudou de quedarse con Ciccone. En ese contexto, perdió el negocio de provisión de chapas meses después de abandonar la planta. Sus dueños ven una relación directa entre un hecho y el otro.
La revancha comercial puede ser aún mayor. Casa de Moneda también se encargaba de la fabricación de billetes y de estampillas para la AFIP. Boldt, en tanto, nació hace 90 años como una imprenta, algo que tras la última adjudicación alimenta la versión que circula en el mercado: la empresa de los Tabanelli es la gran candidata a quedarse con más negocios que hasta ahora hacía la centenaria empresa pública.
Hay un espíritu que guía estas decisiones. La sociedad de Boldt ofreció un precio bajo en una compulsa organizada por los concesionarios (Acara) a pedido del Ministerio de Justicia, que maneja Mariano Cúneo Libarona. Se quedó con el trabajo, al igual que la China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC), una imprenta gigante que fabrica la moneda de ese país, se convirtió en el principal proveedor de billetes de la Argentina con valores llamativos mientras se desmantela imprenta pública que se creó en 1875, durante la administración de Nicolás Avellaneda.
La conducción de las empresas del Estado depende en última instancia del asesor Santiago Caputo. Su idea es acelerar la retirada del sector público. No sólo para avanzar en una nueva etapa del ajuste, sino también para evitarse algunos trabajos engorrosos. Hay ejemplos betúnicos.
El pasado 8 de abril Vialidad Nacional tomó la concesión de Caminos del Río Uruguay, que tenía las estratégicas rutas 12 y 14. Como se demoró la licitación para pasarlas a manos privadas, ahora el Estado debe hacerse cargo de ellas.
Desde el primer minuto del cambio de mando, el organismo público levantó las barreras del peaje (es decir, dejó de recibir un ingreso), ordenó el corte de 3000 hectáreas de pastizales y puso en marcha la compra de 4624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente para reparar baches.
El caso de las rutas obligará al gobierno liberal a asumir, al menos temporalmente, el rol en la obra pública que busca evitar. Nada hay más lejano a los planes del Presidente
La Argentina ideal que está en la cabeza de Javier Milei involucra un Estado Nacional más chico, que ceda a las provincias funciones como el mantenimiento de rutas, incluso si eso implica desprenderse de ingresos que hoy administra la Casa Rosada.
Quienes con frecuencia hablan de estos temas con el Presidente deslizan, incluso, que estaría dispuesto a cambiar la ley de Coparticipación. No para alterar los porcentajes de distribución que figuran en la norma, algo que podría derivar en peleas políticas interminables, sino para crear un modelo nuevo en el que los gobernadores tengan más responsabilidades recaudatorias para hacer frente a sus propios gastos.
El Gobierno mantiene presente el cimiento del plan pese a cierto sosiego derivado de la estabilidad cambiaria, algunos números positivos en materia de actividad y el acompañamiento explícito de Estados Unidos para soterrar los fantasmas del frente externo.
La segunda etapa del ajuste involucra detalles. Varios funcionarios tuvieron que dejar Casa Rosada en el primer trimestre del año. No fueron expulsados del Gobierno, sino que se armó una discusión por el uso de las oficinas. Una explicación que circuló tiene que ver con el ahorro.
El Estado paga $2.583 millones por mes en alquileres al sector privado, más allá de los inmuebles que son de su propiedad. El ARCA (exAFIP, que maneja Juan Paso) y la Anses (Fernando Bearzi) enfrentan la factura más alta, posiblemente porque su prestación implica una extendida presencia geográfica.
Los reacomodamientos que se vieron en los últimos meses se profundizarán en los próximos. Nicolás Pakgojz, el titular del AABE, tiene entre sus tareas reducir el gasto en alquileres mediante la relocalización de oficinas en inmuebles que ya son del Estado. Está revisando contratos de alquiler, identificando propiedades sin uso y planificando los traslados. En lo que va del año, el organismo que maneja Pakgojz le dio de baja a 21 contratos y se ahorró $30 millones.
Es una época estoica para ser funcionario. Quizás lo sepa mejor que nadie, un grupo de personas que integran los directorios de las empresas más importantes del país y ven cómo se les escurren de su cuenta bancaria sumas cuantiosas de dinero por decisiones oficiales.
Cristina Kirchner estatizó las administradoras de fondos de pensiones (AFJP) en 2008. Eso le permitió al Estado ingresar al capital accionario de las firmas estrella del mercado argentino de valores, como Banco Macro, Aluar, Ternium y Edenor, entre otras.
Hay directores del Estado en esas compañías para representar la voluntad del Gobierno. Reciben un sueldo interesante. En algunos casos, esa remuneración llega a los $4,2 millones, como ocurrió en febrero pasado con Guido Gallino, que está en el Banco Macro.
El problema para Gallino, como para muchos otros, es que nunca recibirá ese dinero. Una disposición que pasó desapercibida obliga a los directores de la ANSES que ya tengan un cargo en el Estado a ceder todos sus honorarios al FGS, el fondo de garantía del organismo que administra las jubilaciones. Entraron a su caja $67 millones este año por la donación obligada de los directores.
La marcha subterránea del ajuste más fino se apoya en la nueva primavera que se fabricó el Gobierno tras la salida del cepo cambiario. Tanto en público como en reuniones a puertas cerradas, los funcionarios liderados por el ministro de Economía, Luis Caputo, transitaron Washington esta semana con la prestancia de quien recorre la vuelta de honor tras haber ganado una carrera difícil.
Dos ejemplos son sintomáticos: la titular del organismo, Kristalina Georgieva, reiteró los elogios al país a tal punto que debió hacer aclaraciones, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió públicamente que Estados Unidos podría prestarle aún más dinero al gobierno de Milei si es que lo necesita porque, a su juicio, está haciendo bien las cosas.
Son escudos suficientes para que el Presidente, apalancado también en sus decisiones para revalorizar el peso, vaya a la pelea contra los que quieren un dólar más alto con una acción coordinada desde varios frentes.
No solo porque ya dijo que quiere un tipo de cambio a $1000, sino porque cada vez más agentes del mercado le creen. Prueba de eso es que varias empresas dieron marcha atrás con las remarcaciones que aplicaron el día después de la salida del cepo, y el campo empezó a liquidar soja por temor a perder aún más con la baja del tipo de cambio.
Distintos especialistas advierten sobre posibles problemas relacionados con un dólar barato. En su intento por bajar la inflación, el Gobierno pondrá a prueba a la producción nacional, que tendrá más dificultades para competir con las importaciones y para colocar productos afuera. Es muy probable que la Argentina tenga la oportunidad de ver qué pasa: Milei y su equipo económico están decididos a seguir la obsesión de su deseo cambiario y cuentan con los dólares suficientes para sostener esa estrategia.
Las nuevas chapas de los autos, eje de una polémica, ya se fabrican en La Boca y llegarán a los registros a partir de esta semana; los funcionarios no saben a dónde van a trabajar y el equipo económico disfruta del poder disuasivo de los dólares marcando la cancha LA NACION
