“Inconsistencias y desvíos”: el Gobierno usó una dura auditoría para desactivar programas ligados al agro
El gobierno nacional utilizó una auditoría de 2022 sobre años anteriores para desactivar cinco programas que estaban vinculados con la Fundación ArgenINTA, del INTA. Lo hizo tras encontrarse que eran “programas con muy poco impacto” y tenían “desvíos”. También se apuntaron “inconsistencias” en la gestión de fondos. Hoy el edificio de ArgenINTA, en Cerviño 3101, en el barrio de Palermo, está a la venta por decisión del Poder Ejecutivo.
Los programas auditados fueron Interris, que determinó que tenía solo cinco emprendimientos; Formalización de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Formaf), con 3900 personas en 20 provincias; el Fondo Rotatorio para el financiamiento de inversiones de productores vinculados al programa Cambio Rural, Impulso Rural con solo 17 productores; la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami); con 29 créditos, y por último, el Pro-Huerta que se encargaba de entregar semillas y pollitos a productores de la agricultura familiar.
El informe fue realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018. Cuestionó en su momento la efectividad de desaparecidos programas y señaló que muchos de ellos lograron un impacto mínimo en el terreno. Entre otras cosas, la Fundación ArgenINTA, que surgió en los años 90, también aborda diferentes temas como financiamiento internacional relativos a la seguridad alimentaria, bioeconomía, agricultura familiar, edición génica, secuestro de carbono y el cambio climático.
Las tareas a campo de la auditoría se realizaron en dos etapas: la primera entre julio de 2018 y agosto de 2019; y noviembre de 2021 y abril 2022. En el informe, firmado por un cuerpo de auditores generales, como el ahora diputado nacional Miguel Ángel Pichetto; Alejandro Nieva, Juan Ignacio Forlón, entre otros, se destacó que se detectaron “inconsistencias” en la gestión de los fondos por parte de ArgenINTA.
“La auditoría realizada en el ámbito de la Fundación ArgenINTA sobre el período comprendido entre 1 de enero 2015 y el 30 de abril 2018, arroja como resultado una serie de desvíos que impactan en el desarrollo de las actividades a su cargo, su desempeño y el consecuente cumplimiento de sus objetivos. Lo expuesto da cuenta de la dificultad en el seguimiento del uso y destino otorgado a los fondos públicos que recibe la Fundación en concepto de transferencias, lo cual impacta en la transparencia de su gestión”, dijo el informe.
Desde su lanzamiento, en 2008, la Fundación ha invertido 48 millones de pesos para financiar 122 proyectos distribuidos entre 16 provincias. Se han beneficiado directamente un total de 2915 productores. La AGN sugirió que “la ausencia de un Sistema de Información Gerencial, de un Tablero de Comandos e Indicadores dan cuenta de la falta de medición del cumplimiento de los objetivos de la Fundación”.
Según el documento, la Fundación “presentó dificultades en el seguimiento del uso y destino de los fondos recibidos, principalmente aquellos destinados a programas de impacto social”. La auditoría arrojó que aproximadamente la mitad de los fondos transferidos a la fundación no estaban correctamente discriminados en el balance anual, y se registraron como “subsidios” sin especificar en detalle sus destinatarios o finalidades.
A partir de los recortes del Gobierno, el Consejo de Administración del organismo, compuesto por representantes del sector privado y autoridades de la Secretaría de Agricultura, decidió revisar todos los programas y fondos que reciben financiamiento internacional. La Fundación funcionaba con 40 personas, no obstante, en medio de la reducción se habría decidido una reducción a solo 25 personas.
El programa ProHuerta, una herramienta de ayuda para los sectores vulnerables, utilizaba a partir de un convenio que tenía el exMinisterio de Desarrollo Social con el INTA un espacio de administración de recursos extrapresupuestarios la colocación de los fondos para el ejercicio e implementación del programa. “La Fundación ArgenINTA se manejó de manera profesionalizada y en el último periodo parte de lo que se dejó de hacer fue el programa ProHuerta”, dijo un exfuncionario tras una consulta de este medio.
Tras la asunción de Milei, el dinero que ingresaba por intermedio de la Fundación para la ejecución por parte de los equipos del INTA para el programa ProHuerta no ingresó más, dijeron las fuentes. Este entregaba semillas, pollitos y soportaba gastos operativos, pero también cargaba con algunas “microfinanzas” del organismo.
Otro de los programas discutidos fue el Fontagro, un fondo internacional con fondos de 15 países de América, que está alojado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cada vez que el INTA gana uno de los proyectos, cuando se presentan de manera competitiva a concursar, es a través de la Fundación ArgenINTA.
En resumen, tras el informe, directores y el Consejo de Administración decidieron no darle continuidad a los programas.
El gobierno nacional utilizó una auditoría de 2022 sobre años anteriores para desactivar cinco programas que estaban vinculados con la Fundación ArgenINTA, del INTA. Lo hizo tras encontrarse que eran “programas con muy poco impacto” y tenían “desvíos”. También se apuntaron “inconsistencias” en la gestión de fondos. Hoy el edificio de ArgenINTA, en Cerviño 3101, en el barrio de Palermo, está a la venta por decisión del Poder Ejecutivo.
Los programas auditados fueron Interris, que determinó que tenía solo cinco emprendimientos; Formalización de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Formaf), con 3900 personas en 20 provincias; el Fondo Rotatorio para el financiamiento de inversiones de productores vinculados al programa Cambio Rural, Impulso Rural con solo 17 productores; la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami); con 29 créditos, y por último, el Pro-Huerta que se encargaba de entregar semillas y pollitos a productores de la agricultura familiar.
El informe fue realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018. Cuestionó en su momento la efectividad de desaparecidos programas y señaló que muchos de ellos lograron un impacto mínimo en el terreno. Entre otras cosas, la Fundación ArgenINTA, que surgió en los años 90, también aborda diferentes temas como financiamiento internacional relativos a la seguridad alimentaria, bioeconomía, agricultura familiar, edición génica, secuestro de carbono y el cambio climático.
Las tareas a campo de la auditoría se realizaron en dos etapas: la primera entre julio de 2018 y agosto de 2019; y noviembre de 2021 y abril 2022. En el informe, firmado por un cuerpo de auditores generales, como el ahora diputado nacional Miguel Ángel Pichetto; Alejandro Nieva, Juan Ignacio Forlón, entre otros, se destacó que se detectaron “inconsistencias” en la gestión de los fondos por parte de ArgenINTA.
“La auditoría realizada en el ámbito de la Fundación ArgenINTA sobre el período comprendido entre 1 de enero 2015 y el 30 de abril 2018, arroja como resultado una serie de desvíos que impactan en el desarrollo de las actividades a su cargo, su desempeño y el consecuente cumplimiento de sus objetivos. Lo expuesto da cuenta de la dificultad en el seguimiento del uso y destino otorgado a los fondos públicos que recibe la Fundación en concepto de transferencias, lo cual impacta en la transparencia de su gestión”, dijo el informe.
Desde su lanzamiento, en 2008, la Fundación ha invertido 48 millones de pesos para financiar 122 proyectos distribuidos entre 16 provincias. Se han beneficiado directamente un total de 2915 productores. La AGN sugirió que “la ausencia de un Sistema de Información Gerencial, de un Tablero de Comandos e Indicadores dan cuenta de la falta de medición del cumplimiento de los objetivos de la Fundación”.
Según el documento, la Fundación “presentó dificultades en el seguimiento del uso y destino de los fondos recibidos, principalmente aquellos destinados a programas de impacto social”. La auditoría arrojó que aproximadamente la mitad de los fondos transferidos a la fundación no estaban correctamente discriminados en el balance anual, y se registraron como “subsidios” sin especificar en detalle sus destinatarios o finalidades.
A partir de los recortes del Gobierno, el Consejo de Administración del organismo, compuesto por representantes del sector privado y autoridades de la Secretaría de Agricultura, decidió revisar todos los programas y fondos que reciben financiamiento internacional. La Fundación funcionaba con 40 personas, no obstante, en medio de la reducción se habría decidido una reducción a solo 25 personas.
El programa ProHuerta, una herramienta de ayuda para los sectores vulnerables, utilizaba a partir de un convenio que tenía el exMinisterio de Desarrollo Social con el INTA un espacio de administración de recursos extrapresupuestarios la colocación de los fondos para el ejercicio e implementación del programa. “La Fundación ArgenINTA se manejó de manera profesionalizada y en el último periodo parte de lo que se dejó de hacer fue el programa ProHuerta”, dijo un exfuncionario tras una consulta de este medio.
Tras la asunción de Milei, el dinero que ingresaba por intermedio de la Fundación para la ejecución por parte de los equipos del INTA para el programa ProHuerta no ingresó más, dijeron las fuentes. Este entregaba semillas, pollitos y soportaba gastos operativos, pero también cargaba con algunas “microfinanzas” del organismo.
Otro de los programas discutidos fue el Fontagro, un fondo internacional con fondos de 15 países de América, que está alojado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cada vez que el INTA gana uno de los proyectos, cuando se presentan de manera competitiva a concursar, es a través de la Fundación ArgenINTA.
En resumen, tras el informe, directores y el Consejo de Administración decidieron no darle continuidad a los programas.
Se trata de un informe de la Auditoría General de la Nación que puso la lupa en ArgenINTA, cuyo edificio hoy quiere vender el Gobierno LA NACION
