La venta de un edificio del INTA podría dirimirse en la Justicia por la oposición sindical
Tras el anuncio del gobierno nacional de poner en venta un edificio que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene en la calle Cerviño 3101/67 del barrio porteño de Palermo, la Asociación del Personal del INTA (Apinta) advirtió que está dispuesto a ir a la Justicia para frenar la operación. Según el gremio, la decisión de venta constituye un acto “nulo de toda nulidad” porque considera que el edificio se encuentra ocupado y en uso, contrario al argumento que esgrime el gobierno. En cambio, según fuentes oficiales, la venta se justifica porque el edificio genera “gastos que deben evitarse.
A través de una nota dirigida a Pablo Paillole, quien se mantiene en el Consejo Directivo en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA), argumentan que el Decreto 950/24, publicado en el Boletín Oficial y “pretende el remate de 309 inmuebles del Estado es nulo de nulidad absoluta”. Según dijeron, esta decisión se da en cumplimiento del artículo 23 de la ley marco de empleo público y su “deber de informar actos de corrupción”. Aseguran que “nadie puede vender lo que es ajeno”.
La semana pasada, el Gobierno autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y/o transferir, inmuebles, a través de un DNU. Entre otra lista de bienes enumerados en su anexo también está el edificio de la calle Cerviño. “En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión”, señala el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Mientras, en Apinta dicen que esta medida carece de una base sólida y es de “nulidad”, se basa en “causas invocadas” que son “falsas”. “Se usó una fundamentación escrita para sitios baldíos, y con ella se pretende justificar la venta de un inmueble tasado en US$10 millones, por mucho menos de su valor. En él funcionan hoy tres institutos de INTA, ocupando 148 personas que quedarán en la calle”, argumentaron en la nota que fue enviada a los directivos del INTA.
En el gremio afirmaron que el decreto establece que estas ventas son la continuación de las del periodo 2016-2019. “Precisamente, ese periodo fue auditado por la AGN, donde se detectó que se malvendieron bienes sin necesidad, costándole al Estado una pérdida de 62 millones de dólares. Los adjudicatarios fueron siempre tres empresas, propiedad de Caputo, Rocca y Costantini, que hicieron negocios millonarios que ahora se quieren reeditar”, señalaron.
Apinta expresó que “la ejecución del decreto 950/24 conllevarían los delitos de administración fraudulenta y fraude contra la administración pública”. En el gremio sostienen que el lugar donde está el edificio no es un terreno “baldío”, por lo que en realidad son “inmuebles urbanos, construidos y no, no habitados”. Según afirmaron, “nadie puede transmitir un derecho más extenso del que posee. La Administración Central no puede trasvasar la propiedad de una cosa de la que no es propietaria. Nadie puede vender lo que es ajeno”, puntualizaron.
Mario Romero, secretario general de Apinta, dijo a LA NACION que desde que se conoció que la AABE comenzó a visitar los edificios de Capital Federal y las tierras del INTA en Salta comenzaron a manifestar la oposición. “Es falaz y mentirosa la argumentación de que el edificio estaba ocioso y no está dentro de las causales que prevé la Ley de Bases o el Decreto 70/23 para la venta de inmuebles del Estado”, afirmó.
Por otra parte, señaló que desde se conoció la decisión del Gobierno están en estado de alerta y tratando de fijar posición y viendo cuáles son los pasos a seguir para evitar la enajenación del bien. “Esto es un negocio inmobiliario: si uno se para en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo se ve el edificio y tiene dos pisos, mientras que alrededor hay torres de 25 pisos. Ese negocio lo van a hacer los amigos del poder”, sostuvo y anunción un “plan de lucha”.
El edificio tiene 919,10 metros cuadrados. Adentro funcionan la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, la dirección de Relaciones Internacionales y la dirección Vinculación Tecnológica. Tras la aprobación de la ley de Bases, esta otorga derechos a la Agencia Nacional de Bienes del Estado sobre los edificios públicos. Esta ley permite a la agencia gestionar, administrar y disponer de los bienes del Estado, lo que incluye la identificación de inmuebles que no son necesarios para el funcionamiento del Gobierno. Esto puede incluir la venta, arrendamiento o redistribución de edificios públicos.
En el Gobierno dijeron que el edificio estaba en la lista de enajenación junto a 309 inmuebles distribuidos en todo el país, por considerarse que son mantenidos de manera ociosa y que generan costos y gastos que deben evitarse. Explicaron que “esta decisión se trata de una manera de acompañar el esfuerzo que la sociedad civil hace en este momento”. Ante la consulta de LA NACION sobre lo expuesto por el gremio, en el INTA dijeron que no habían contestado a la nota.
Tras el anuncio del gobierno nacional de poner en venta un edificio que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene en la calle Cerviño 3101/67 del barrio porteño de Palermo, la Asociación del Personal del INTA (Apinta) advirtió que está dispuesto a ir a la Justicia para frenar la operación. Según el gremio, la decisión de venta constituye un acto “nulo de toda nulidad” porque considera que el edificio se encuentra ocupado y en uso, contrario al argumento que esgrime el gobierno. En cambio, según fuentes oficiales, la venta se justifica porque el edificio genera “gastos que deben evitarse.
A través de una nota dirigida a Pablo Paillole, quien se mantiene en el Consejo Directivo en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA), argumentan que el Decreto 950/24, publicado en el Boletín Oficial y “pretende el remate de 309 inmuebles del Estado es nulo de nulidad absoluta”. Según dijeron, esta decisión se da en cumplimiento del artículo 23 de la ley marco de empleo público y su “deber de informar actos de corrupción”. Aseguran que “nadie puede vender lo que es ajeno”.
La semana pasada, el Gobierno autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y/o transferir, inmuebles, a través de un DNU. Entre otra lista de bienes enumerados en su anexo también está el edificio de la calle Cerviño. “En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión”, señala el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Mientras, en Apinta dicen que esta medida carece de una base sólida y es de “nulidad”, se basa en “causas invocadas” que son “falsas”. “Se usó una fundamentación escrita para sitios baldíos, y con ella se pretende justificar la venta de un inmueble tasado en US$10 millones, por mucho menos de su valor. En él funcionan hoy tres institutos de INTA, ocupando 148 personas que quedarán en la calle”, argumentaron en la nota que fue enviada a los directivos del INTA.
En el gremio afirmaron que el decreto establece que estas ventas son la continuación de las del periodo 2016-2019. “Precisamente, ese periodo fue auditado por la AGN, donde se detectó que se malvendieron bienes sin necesidad, costándole al Estado una pérdida de 62 millones de dólares. Los adjudicatarios fueron siempre tres empresas, propiedad de Caputo, Rocca y Costantini, que hicieron negocios millonarios que ahora se quieren reeditar”, señalaron.
Apinta expresó que “la ejecución del decreto 950/24 conllevarían los delitos de administración fraudulenta y fraude contra la administración pública”. En el gremio sostienen que el lugar donde está el edificio no es un terreno “baldío”, por lo que en realidad son “inmuebles urbanos, construidos y no, no habitados”. Según afirmaron, “nadie puede transmitir un derecho más extenso del que posee. La Administración Central no puede trasvasar la propiedad de una cosa de la que no es propietaria. Nadie puede vender lo que es ajeno”, puntualizaron.
Mario Romero, secretario general de Apinta, dijo a LA NACION que desde que se conoció que la AABE comenzó a visitar los edificios de Capital Federal y las tierras del INTA en Salta comenzaron a manifestar la oposición. “Es falaz y mentirosa la argumentación de que el edificio estaba ocioso y no está dentro de las causales que prevé la Ley de Bases o el Decreto 70/23 para la venta de inmuebles del Estado”, afirmó.
Por otra parte, señaló que desde se conoció la decisión del Gobierno están en estado de alerta y tratando de fijar posición y viendo cuáles son los pasos a seguir para evitar la enajenación del bien. “Esto es un negocio inmobiliario: si uno se para en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo se ve el edificio y tiene dos pisos, mientras que alrededor hay torres de 25 pisos. Ese negocio lo van a hacer los amigos del poder”, sostuvo y anunción un “plan de lucha”.
El edificio tiene 919,10 metros cuadrados. Adentro funcionan la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, la dirección de Relaciones Internacionales y la dirección Vinculación Tecnológica. Tras la aprobación de la ley de Bases, esta otorga derechos a la Agencia Nacional de Bienes del Estado sobre los edificios públicos. Esta ley permite a la agencia gestionar, administrar y disponer de los bienes del Estado, lo que incluye la identificación de inmuebles que no son necesarios para el funcionamiento del Gobierno. Esto puede incluir la venta, arrendamiento o redistribución de edificios públicos.
En el Gobierno dijeron que el edificio estaba en la lista de enajenación junto a 309 inmuebles distribuidos en todo el país, por considerarse que son mantenidos de manera ociosa y que generan costos y gastos que deben evitarse. Explicaron que “esta decisión se trata de una manera de acompañar el esfuerzo que la sociedad civil hace en este momento”. Ante la consulta de LA NACION sobre lo expuesto por el gremio, en el INTA dijeron que no habían contestado a la nota.
El gremio que agrupa los trabajadores del organismo argumenta que el inmueble está “ocupado y en uso”, contrario a lo que expone el Decreto 950/24, publicado en el Boletín Oficial y la Ley de Bases; el Gobierno, en cambio, argumenta que el mantenimiento genera “gastos que deben evitarse” LA NACION
