Citaron a Alberto Fernández a declarar como acusado en la causa de los seguros
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros de parte de organismos públicos durante su gobierno.
Fernández deberá presentarse a declarar como acusado el 20 de noviembre próximo, a las 10, de acuerdo con la resolución firmada hoy por el juez. Ercolini afirmó que existe en la causa “mérito suficiente” para convocar al expresidente a que se defienda de los cargos en su contra.
Junto con Fernández, fueron citadas otras 38 personas, incluidos el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, la histórica secretaria del expresidente. También el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano.
La ronda de indagatorias, que empezará con la del expresidente, terminará el 18 de diciembre, a las 12. Después, Ercolini resolverá si hay elementos suficientes para procesar a Fernández y a cada uno de los otros investigados.
Todos ellos están acusados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A”.
De acuerdo con la resolución de hoy de Ercolini, “una parte” de los acusados “con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A, como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
“La maniobra -afirmó el juez- habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros S.A. y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, (…) habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros.”
Según Ercolini, gran parte de esas contrataciones “fuera necesario o no”, contaron “con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios”, pese a que en muchos casos “no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.
Esos intermediarios, advirtió el juez, cobraron importantes comisiones de Nación Seguros S.A. gracias a que los designaron las respectivas reparticiones públicas, “a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados” -en el caso de Martínez Sosa, su esposa, “secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaria presidencial”- y “sin que existan procesos de selección alguno”.
Según el juez, un decreto de Fernández del 2 de diciembre de 2021 incrementó “notablemente” esas intermediaciones, porque si bien ya se recurría a ellas antes del decreto, esta norma “impulso formalmente la modalidad”.
“Añeja amistad”
Ercolini recordó que Martínez Sosa estaba unido a Fernández por una “íntima y añeja amistad” y dijo que el broker y su pareja le hicieron al entonces presidente “numerosos obsequios y préstamos”. En cuanto a Castello, otro de los favorecidos, el juez dijo que su empresa, Castello Mércuri S.A., hizo “aportes económicos para la campaña presidencial” de Fernández.
Ercolini destacó además que Fernández y Pagliano “compartían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.
El fiscal que investiga este caso es Carlos Rívolo.
Esta causa, la primera por presunta corrupción en la que es citado Fernández, originó además otro caso penal que avanza contra el expresidente: la acusación por hechos de violencia física y psicológica que le hizo su expareja Fabiola Yañez. En esa causa, el fiscal Ramiro González trabaja en otro pedido de indagatoria contra el expresidente. El juez, en los dos expedientes, es Ercolini, que fue recusado sin éxito por Fernández, por la relación de cercanía que juez y expresidente tuvieron hace muchos años, cuando los dos eran discípulos de Esteban Righi en la Facultad de Derecho de la UBA, y la ruptura posterior de ese vínculo, con acusaciones públicas de Fernández contra Ercolini por su desempeño como juez (Fernández destacó que, como presidente, había ordenado incluso que se le pidiera el juicio político al magistrado).
El avance de estas causas -sobre todo, la promovida por la ex primera dama- y los escándalos que salieron a la luz a raíz de ese caso hicieron que Fernández perdiera los pocos apoyos políticos que le quedaban cuando terminó su gobierno. Hoy está recluido en el departamento de Puerto Madero en el que vive -de propiedad de Enrique Albistur, uno de los pocos amigos con los que sigue en contacto-, no sale, abandonó toda vida pública y está concentrado en sus defensas judiciales, según informan personas que fueron muy cercanas a él.
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros de parte de organismos públicos durante su gobierno.
Fernández deberá presentarse a declarar como acusado el 20 de noviembre próximo, a las 10, de acuerdo con la resolución firmada hoy por el juez. Ercolini afirmó que existe en la causa “mérito suficiente” para convocar al expresidente a que se defienda de los cargos en su contra.
Junto con Fernández, fueron citadas otras 38 personas, incluidos el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, la histórica secretaria del expresidente. También el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano.
La ronda de indagatorias, que empezará con la del expresidente, terminará el 18 de diciembre, a las 12. Después, Ercolini resolverá si hay elementos suficientes para procesar a Fernández y a cada uno de los otros investigados.
Todos ellos están acusados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A”.
De acuerdo con la resolución de hoy de Ercolini, “una parte” de los acusados “con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A, como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
“La maniobra -afirmó el juez- habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros S.A. y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, (…) habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros.”
Según Ercolini, gran parte de esas contrataciones “fuera necesario o no”, contaron “con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios”, pese a que en muchos casos “no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.
Esos intermediarios, advirtió el juez, cobraron importantes comisiones de Nación Seguros S.A. gracias a que los designaron las respectivas reparticiones públicas, “a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados” -en el caso de Martínez Sosa, su esposa, “secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaria presidencial”- y “sin que existan procesos de selección alguno”.
Según el juez, un decreto de Fernández del 2 de diciembre de 2021 incrementó “notablemente” esas intermediaciones, porque si bien ya se recurría a ellas antes del decreto, esta norma “impulso formalmente la modalidad”.
“Añeja amistad”
Ercolini recordó que Martínez Sosa estaba unido a Fernández por una “íntima y añeja amistad” y dijo que el broker y su pareja le hicieron al entonces presidente “numerosos obsequios y préstamos”. En cuanto a Castello, otro de los favorecidos, el juez dijo que su empresa, Castello Mércuri S.A., hizo “aportes económicos para la campaña presidencial” de Fernández.
Ercolini destacó además que Fernández y Pagliano “compartían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.
El fiscal que investiga este caso es Carlos Rívolo.
Esta causa, la primera por presunta corrupción en la que es citado Fernández, originó además otro caso penal que avanza contra el expresidente: la acusación por hechos de violencia física y psicológica que le hizo su expareja Fabiola Yañez. En esa causa, el fiscal Ramiro González trabaja en otro pedido de indagatoria contra el expresidente. El juez, en los dos expedientes, es Ercolini, que fue recusado sin éxito por Fernández, por la relación de cercanía que juez y expresidente tuvieron hace muchos años, cuando los dos eran discípulos de Esteban Righi en la Facultad de Derecho de la UBA, y la ruptura posterior de ese vínculo, con acusaciones públicas de Fernández contra Ercolini por su desempeño como juez (Fernández destacó que, como presidente, había ordenado incluso que se le pidiera el juicio político al magistrado).
El avance de estas causas -sobre todo, la promovida por la ex primera dama- y los escándalos que salieron a la luz a raíz de ese caso hicieron que Fernández perdiera los pocos apoyos políticos que le quedaban cuando terminó su gobierno. Hoy está recluido en el departamento de Puerto Madero en el que vive -de propiedad de Enrique Albistur, uno de los pocos amigos con los que sigue en contacto-, no sale, abandonó toda vida pública y está concentrado en sus defensas judiciales, según informan personas que fueron muy cercanas a él.
El expresidente deberá presentarse el 20 de noviembre, a las 10, para responder por el presunto “irregular direccionamiento” de contrataciones; lo ordenó el juez federal Julián Ercolini LA NACION
