El Gobierno acelera para privatizar AySA, que tuvo pérdidas de $70.000 millones en lo que va del año
Después de una semana en la que el Gobierno decretó “sujeta a privatización” a Aerolíneas Argentinas, anunció la reestructuración de “la fábrica de billetes” Casa de Moneda y avanzó en el cierre de una de las filiales del holding ferroviario estatal, Trenes Argentinos Capital Humano, en el calendario del Poder Ejecutivo asoma un nuevo paso: privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en marzo de 2025.
Según describieron fuentes oficiales, la idea que sobrevuela los despachos públicos propone que el Estado se desprenda al menos de alguna porción de las acciones que posee. El 90% del capital de la compañía corresponde al Gobierno nacional mientras que el 10% restante se encuentra en manos del personal de la empresa.
De este modo, las alternativas planteadas abren dos posibles caminos. Uno de ellos es seguir la senda de Impsa, que se encamina a ser la primera privatización de la era Milei. Esto implicaría que el Gobierno llame a licitación pública nacional e internacional para que los interesados en adquirir AySA realicen sus ofertas. La segunda opción, un tanto más innovadora, propone lanzar a la Bolsa a la compañía y que sea el mercado financiero el que fije el valor de las acciones de la compañía. Todo esta en evaluación, informaron desde el Gobierno, porque la empresa aún debe terminar el ordenamiento interno, pese a que el viento privatizador empieza a soplar cada vez con más fuerza.
AySA no es una empresa pública más. Se trata de la quinta con el peor resultado operativo en lo que va del año, con pérdidas de $70 mil millones, y la que se colgó la medalla de bronce en 2023 en el podio de las que peor resultado financiero tuvieron con un déficit de $384 mil millones. Apenas comenzó la gestión de Milei, la por entonces gestión possista al frente de la extinta Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado elaboró un documento en el que escribió: “AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real”. Desde el equipo de la extitular, Malena Galmarini, negaron que se haya nombrado personas con esos objetivos y recordaron que el exministro de Salud Mario Russo fue uno de los designados bajo la administración massista
La persona que estaba a cargo de esa secretaría es Mauricio González Botto. Abandonó ese puesto, en su lugar subió Diego Chaher con otra estructura, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que depende del Ministerio de Economía. Lo llamativo es que el repliegue terminó con González Botto en el directorio de AySA. Por lo tanto, la idea de sanear para después privatizar persistió aunque ahora con más velocidad. En ese sentido, las cifras oficiales indican que la compañía desvinculó a 1314 personas de su plantel compuesto por 6474 trabajadores. Según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el costo de esa motosierra ascendió a $44,9 mil millones para el Estado.
A propósito del denominado “trabajo sucio” para ordenar las cuentas internas, el resultado financiero de AySA en el primer semestre muestra un progreso comparado al del año pasado. Un informe del Ministerio de Economía explica que se observa una “leve mejora”, ya que n la primera mitad de 2023 fue de $111.333,1 millones mientras que el de 2024 es un 9% más chico, $101.323,7 millones.
Solo un detalle en esta historia: 2023 parece haber marcado un fuerte punto de inflexión en la compañía. Según números oficiales, el déficit financiero cerró en $384 mil millones luego de un 2022 en el que había sido de $100 mil millones. Es decir, estuvo cerca de cuadruplicarse. El informe del año pasado del Ministerio de Economía señaló que esta “importante desmejora interanual en el resultado financiero de la empresa se explica principalmente por el sustancial incremento de las inversiones devengadas (mayoritariamente obra pública a cargo de la empresa) y por el menor resultado operativo registrado en el período”.
La gestión libertaria tomó nota de eso y, en consecuencia, la motosierra trazó sus objetivos. Por un lado, la parálisis de la obra pública. Y por otro, la actualización del precio que las familias pagan a fin de mes por la boleta del agua. En lo que va del año, acumula un aumento superior al 200%.
Un dato que cualquier interesado en adquirir Aysa debe tener en cuenta son sus inversiones. Esto forma parte de “la caja negra” de cualquier empresa. Es decir, la información interna. En este punto, se destaca la obra pública. Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía figura como “área sustantiva” de 1464 obras. La gran mayoría de ellas son pequeñas pero hay cinco catalogadas como “grandes obras”.
Este quinteto tiene $123.723 millones de pagos pendientes para cubrir el 100% del financiamiento de sus contratos, de acuerdo al Mapa de Inversiones citado. Las obras se ubican en Berazategui, Avellaneda, La Matanza y dos en Quilmes. La más costosa es la catalogada Emisario Berazategui, $50,3 mil millones y, si no se demorara, finalizaría en 2026.
Por el contrario, una que ya debió haber finalizado según la fecha que tenía es la del sistema Riachuelo Lote 2, en Avellaneda. Estaba planeada para 2023. De respetarse las proyecciones iniciales de los contratos, este año concluirían las dos ubicadas en Quilmes. Sin embargo, sus últimos grados de avance informados ubican a una en un 61% de las tareas completadas y a otra en el orden del 49%. La “obra grande” restante, la planta depuradora Laferrere ubicada en La Matanza, concluiría labores en 2025.
A diferencia del caso de Aerolíneas Argentinas, en el que el Congreso aún debe expedirse sobre el decreto del Gobierno que la declaró “sujeta a privatización”, AySA ya posee el visto bueno del Poder Legislativo para poder ser privatizada u otorgada a concesión.
El listado donde el Ejecutivo concentra sus esfuerzos privatizadores o de reestructuración, además de AySA y de Aerolíneas Argentinas, incluye a Impsa, Tandanor, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos Operaciones, Corredores Viales, Casa de Moneda, Enarsa, Intercargo y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Impsa está en licitación y Aerolíneas Argentinas aguarda su tratamiento en el Congreso. Casa de Moneda comenzará su reestructuración. Sobre Tandanor, fuentes oficiales indicaron que apuran trabajos para lanzarla a la Bolsa. Y vinculado a la estrategia de primero sanear para después privatizar, sobre las siete empresas restantes, seis acumulan resultados financieros positivos hasta el primer semestre. La única en negativo es AySA. Las otras ya estarían en condiciones de ser mostradas al mercado como compañías rentables aunque en el Gobierno guardan cautela porque aún resta terminar el año.
Después de una semana en la que el Gobierno decretó “sujeta a privatización” a Aerolíneas Argentinas, anunció la reestructuración de “la fábrica de billetes” Casa de Moneda y avanzó en el cierre de una de las filiales del holding ferroviario estatal, Trenes Argentinos Capital Humano, en el calendario del Poder Ejecutivo asoma un nuevo paso: privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en marzo de 2025.
Según describieron fuentes oficiales, la idea que sobrevuela los despachos públicos propone que el Estado se desprenda al menos de alguna porción de las acciones que posee. El 90% del capital de la compañía corresponde al Gobierno nacional mientras que el 10% restante se encuentra en manos del personal de la empresa.
De este modo, las alternativas planteadas abren dos posibles caminos. Uno de ellos es seguir la senda de Impsa, que se encamina a ser la primera privatización de la era Milei. Esto implicaría que el Gobierno llame a licitación pública nacional e internacional para que los interesados en adquirir AySA realicen sus ofertas. La segunda opción, un tanto más innovadora, propone lanzar a la Bolsa a la compañía y que sea el mercado financiero el que fije el valor de las acciones de la compañía. Todo esta en evaluación, informaron desde el Gobierno, porque la empresa aún debe terminar el ordenamiento interno, pese a que el viento privatizador empieza a soplar cada vez con más fuerza.
AySA no es una empresa pública más. Se trata de la quinta con el peor resultado operativo en lo que va del año, con pérdidas de $70 mil millones, y la que se colgó la medalla de bronce en 2023 en el podio de las que peor resultado financiero tuvieron con un déficit de $384 mil millones. Apenas comenzó la gestión de Milei, la por entonces gestión possista al frente de la extinta Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado elaboró un documento en el que escribió: “AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real”. Desde el equipo de la extitular, Malena Galmarini, negaron que se haya nombrado personas con esos objetivos y recordaron que el exministro de Salud Mario Russo fue uno de los designados bajo la administración massista
La persona que estaba a cargo de esa secretaría es Mauricio González Botto. Abandonó ese puesto, en su lugar subió Diego Chaher con otra estructura, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que depende del Ministerio de Economía. Lo llamativo es que el repliegue terminó con González Botto en el directorio de AySA. Por lo tanto, la idea de sanear para después privatizar persistió aunque ahora con más velocidad. En ese sentido, las cifras oficiales indican que la compañía desvinculó a 1314 personas de su plantel compuesto por 6474 trabajadores. Según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el costo de esa motosierra ascendió a $44,9 mil millones para el Estado.
A propósito del denominado “trabajo sucio” para ordenar las cuentas internas, el resultado financiero de AySA en el primer semestre muestra un progreso comparado al del año pasado. Un informe del Ministerio de Economía explica que se observa una “leve mejora”, ya que n la primera mitad de 2023 fue de $111.333,1 millones mientras que el de 2024 es un 9% más chico, $101.323,7 millones.
Solo un detalle en esta historia: 2023 parece haber marcado un fuerte punto de inflexión en la compañía. Según números oficiales, el déficit financiero cerró en $384 mil millones luego de un 2022 en el que había sido de $100 mil millones. Es decir, estuvo cerca de cuadruplicarse. El informe del año pasado del Ministerio de Economía señaló que esta “importante desmejora interanual en el resultado financiero de la empresa se explica principalmente por el sustancial incremento de las inversiones devengadas (mayoritariamente obra pública a cargo de la empresa) y por el menor resultado operativo registrado en el período”.
La gestión libertaria tomó nota de eso y, en consecuencia, la motosierra trazó sus objetivos. Por un lado, la parálisis de la obra pública. Y por otro, la actualización del precio que las familias pagan a fin de mes por la boleta del agua. En lo que va del año, acumula un aumento superior al 200%.
Un dato que cualquier interesado en adquirir Aysa debe tener en cuenta son sus inversiones. Esto forma parte de “la caja negra” de cualquier empresa. Es decir, la información interna. En este punto, se destaca la obra pública. Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía figura como “área sustantiva” de 1464 obras. La gran mayoría de ellas son pequeñas pero hay cinco catalogadas como “grandes obras”.
Este quinteto tiene $123.723 millones de pagos pendientes para cubrir el 100% del financiamiento de sus contratos, de acuerdo al Mapa de Inversiones citado. Las obras se ubican en Berazategui, Avellaneda, La Matanza y dos en Quilmes. La más costosa es la catalogada Emisario Berazategui, $50,3 mil millones y, si no se demorara, finalizaría en 2026.
Por el contrario, una que ya debió haber finalizado según la fecha que tenía es la del sistema Riachuelo Lote 2, en Avellaneda. Estaba planeada para 2023. De respetarse las proyecciones iniciales de los contratos, este año concluirían las dos ubicadas en Quilmes. Sin embargo, sus últimos grados de avance informados ubican a una en un 61% de las tareas completadas y a otra en el orden del 49%. La “obra grande” restante, la planta depuradora Laferrere ubicada en La Matanza, concluiría labores en 2025.
A diferencia del caso de Aerolíneas Argentinas, en el que el Congreso aún debe expedirse sobre el decreto del Gobierno que la declaró “sujeta a privatización”, AySA ya posee el visto bueno del Poder Legislativo para poder ser privatizada u otorgada a concesión.
El listado donde el Ejecutivo concentra sus esfuerzos privatizadores o de reestructuración, además de AySA y de Aerolíneas Argentinas, incluye a Impsa, Tandanor, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos Operaciones, Corredores Viales, Casa de Moneda, Enarsa, Intercargo y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Impsa está en licitación y Aerolíneas Argentinas aguarda su tratamiento en el Congreso. Casa de Moneda comenzará su reestructuración. Sobre Tandanor, fuentes oficiales indicaron que apuran trabajos para lanzarla a la Bolsa. Y vinculado a la estrategia de primero sanear para después privatizar, sobre las siete empresas restantes, seis acumulan resultados financieros positivos hasta el primer semestre. La única en negativo es AySA. Las otras ya estarían en condiciones de ser mostradas al mercado como compañías rentables aunque en el Gobierno guardan cautela porque aún resta terminar el año.
Proyectan desprenderse en marzo del paquete accionario de la empresa y evalúan si ponerla en licitación o lanzarla a la Bolsa para que el mercado financiero fije su valor; hubo 1314 desvinculaciones LA NACION
