“Cuando tenés que hacer cambios en el sistema universitario, te encontrás con una rigidez muy fuerte y eso es lo que nos sucede con el tema presupuestario”, definió hoy Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación de la Nación, en una charla en la Universidad Torcuato Di Tella en la que trazó un diagnóstico del sistema universitario, apuntó contra su “autonomización” de las casas de altos estudios respecto de las autoridades políticas, la calidad de las estadísticas y la distribución presupuestaria e insistió con el adoctrinamiento.

El diagnóstico sobre el sistema universitario de Álvarez llega en medio de un nuevo capítulo del conflicto de este nivel educativo, que, tras haber conseguido la actualización de los gastos de funcionamiento para las casas de altos estudios, pasó a centrarse en el reclamo de la recomposición salarial para el personal docente y no docente.

A su vez, las universidades ahora piden por el rápido tratamiento de la ley de financiamiento del sector –que plantea la actualización mensual por inflación del presupuesto para las instituciones y contempla también la recomposición de los salarios con ese índice desde el 1° de diciembre pasado hasta que se sancione la ley– que se aprobó en Diputados y espera para ser tratada en el Senado. La sesión de hoy en la que se buscaba sancionarla se postergó para el jueves de la semana próxima, aunque la bancada de Unión por la Patria anunció esta noche que mañana “bajará al recinto” a las 14 para tratar de sesionar.

Ley

“Van a votar una ley que es claramente inviable”, consideró Álvarez y opinó que “por lo menos es cuestionable desde el punto de vista legal” porque busca determinar un índice de actualización de una paritaria que está en funcionamiento. “Tienen los votos para sacarlas y nosotros no tenemos los votos para defenderlo. Tenés una rigidez del sistema y una capacidad de representación política muy fuerte”, agregó.

Álvarez señaló que existe una “autonomización del sistema universitario respecto de las autoridades políticas” gracias a una “larga, persistente y continua estrategia” en la que “todas las funciones que tenía la autoridad central” se transfirieron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) o particularmente a las universidades.

En ese sentido, planteó que el primer paso fue el manejo de los datos y enumeró que no solo las competencias respecto de las estadísticas no están a cargo del Gobierno, sino que tampoco las bases de datos. “Los servidores del sistema de información universitaria físicamente se sacaron del Ministerio de Educación y se trasladaron al CIN”.

“O sea que el Consejo que reúne a los rectores de las públicas tiene el control total de los datos de todo el sistema, incluidas las privadas, el acceso, manejo y comunicación de esa información. Hay un vínculo directo entre la cantidad de alumnos, docentes, no docentes, los cuales todos tienen que estar en ese sistema y la discusión presupuestaria”, marcó.

“El proceso de automatización hizo también que ordenaron los datos para que a mí me sean convenientes a la hora de negociar el presupuesto con el poder político”, resumió. Y agregó:“Yo firmo $270.000 millones todos los meses y se paga toda la masa salarial que el Estado paga del sistema universitario. Ahora cuando yo quiero saber realmente cuántos estudiantes tenemos en el sistema, en cada carrera, cual es la trayectoria; ese dato no está”.

“Desmantelamiento”

A su vez el funcionario avanzó y habló sobre un “desmantelamiento” de la Subsecretaría de Políticas Universitarias en la que, según dijo, prácticamente no quedaron profesionales. “Nos encontramos con una habitación llena de papeles que nunca nadie reviso. Y a partir del sistema digital vemos que universidades como la de La Matanza tienen el 100% de los gastos rendidos y el 80% de los gastos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) está sin rendir”, apuntó.

“Cuando vemos la Ley de Educación Superior vemos que la mitad se cumple a raja tabla, la autonomía es absoluta. Ahora bien, cuando queremos agarrar las obligaciones que tienen, ahí empezamos a flaquear con el cumplimiento, de las auditorías no podemos ver nada”, insistió con uno de los argumentos libertarios.

Luego de trazar este diagnóstico adelantó que el presupuesto “va a ser consolidado en base real, lo que realmente se necesita”. “Cómo se venía determinando el presupuesto hasta ahora por capacidad de lobby”, consideró. Sumó también que destinarán mayor dinero a las carreras de ingeniería porque las consideran “fundamentales para el país que viene”.

Álvarez también dedicó gran parte de su charla al adoctrinamiento y dijo que recibe “muchas denuncias de persecución ideológica. Aunque señalo que no van a hacerlas públicas por la protección de datos privados. “El caso reiterado es: ‘si vos votaste a Milei, mi materia no la cursás´. Tengo casos documentados de que solo dan la regularidad a los alumnos que van a las marchas del sindicato”, describió.

Junto al funcionario, en la charla, estuvieron Marcelo Rabossi, profesor del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella y Jaime Correas, exministro de Educación de Mendoza.

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“Cuando tenés que hacer cambios en el sistema universitario, te encontrás con una rigidez muy fuerte y eso es lo que nos sucede con el tema presupuestario”, definió hoy Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación de la Nación, en una charla en la Universidad Torcuato Di Tella en la que trazó un diagnóstico del sistema universitario, apuntó contra su “autonomización” de las casas de altos estudios respecto de las autoridades políticas, la calidad de las estadísticas y la distribución presupuestaria e insistió con el adoctrinamiento.

El diagnóstico sobre el sistema universitario de Álvarez llega en medio de un nuevo capítulo del conflicto de este nivel educativo, que, tras haber conseguido la actualización de los gastos de funcionamiento para las casas de altos estudios, pasó a centrarse en el reclamo de la recomposición salarial para el personal docente y no docente.

A su vez, las universidades ahora piden por el rápido tratamiento de la ley de financiamiento del sector –que plantea la actualización mensual por inflación del presupuesto para las instituciones y contempla también la recomposición de los salarios con ese índice desde el 1° de diciembre pasado hasta que se sancione la ley– que se aprobó en Diputados y espera para ser tratada en el Senado. La sesión de hoy en la que se buscaba sancionarla se postergó para el jueves de la semana próxima, aunque la bancada de Unión por la Patria anunció esta noche que mañana “bajará al recinto” a las 14 para tratar de sesionar.

Ley

“Van a votar una ley que es claramente inviable”, consideró Álvarez y opinó que “por lo menos es cuestionable desde el punto de vista legal” porque busca determinar un índice de actualización de una paritaria que está en funcionamiento. “Tienen los votos para sacarlas y nosotros no tenemos los votos para defenderlo. Tenés una rigidez del sistema y una capacidad de representación política muy fuerte”, agregó.

Álvarez señaló que existe una “autonomización del sistema universitario respecto de las autoridades políticas” gracias a una “larga, persistente y continua estrategia” en la que “todas las funciones que tenía la autoridad central” se transfirieron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) o particularmente a las universidades.

En ese sentido, planteó que el primer paso fue el manejo de los datos y enumeró que no solo las competencias respecto de las estadísticas no están a cargo del Gobierno, sino que tampoco las bases de datos. “Los servidores del sistema de información universitaria físicamente se sacaron del Ministerio de Educación y se trasladaron al CIN”.

“O sea que el Consejo que reúne a los rectores de las públicas tiene el control total de los datos de todo el sistema, incluidas las privadas, el acceso, manejo y comunicación de esa información. Hay un vínculo directo entre la cantidad de alumnos, docentes, no docentes, los cuales todos tienen que estar en ese sistema y la discusión presupuestaria”, marcó.

“El proceso de automatización hizo también que ordenaron los datos para que a mí me sean convenientes a la hora de negociar el presupuesto con el poder político”, resumió. Y agregó:“Yo firmo $270.000 millones todos los meses y se paga toda la masa salarial que el Estado paga del sistema universitario. Ahora cuando yo quiero saber realmente cuántos estudiantes tenemos en el sistema, en cada carrera, cual es la trayectoria; ese dato no está”.

“Desmantelamiento”

A su vez el funcionario avanzó y habló sobre un “desmantelamiento” de la Subsecretaría de Políticas Universitarias en la que, según dijo, prácticamente no quedaron profesionales. “Nos encontramos con una habitación llena de papeles que nunca nadie reviso. Y a partir del sistema digital vemos que universidades como la de La Matanza tienen el 100% de los gastos rendidos y el 80% de los gastos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) está sin rendir”, apuntó.

“Cuando vemos la Ley de Educación Superior vemos que la mitad se cumple a raja tabla, la autonomía es absoluta. Ahora bien, cuando queremos agarrar las obligaciones que tienen, ahí empezamos a flaquear con el cumplimiento, de las auditorías no podemos ver nada”, insistió con uno de los argumentos libertarios.

Luego de trazar este diagnóstico adelantó que el presupuesto “va a ser consolidado en base real, lo que realmente se necesita”. “Cómo se venía determinando el presupuesto hasta ahora por capacidad de lobby”, consideró. Sumó también que destinarán mayor dinero a las carreras de ingeniería porque las consideran “fundamentales para el país que viene”.

Álvarez también dedicó gran parte de su charla al adoctrinamiento y dijo que recibe “muchas denuncias de persecución ideológica. Aunque señalo que no van a hacerlas públicas por la protección de datos privados. “El caso reiterado es: ‘si vos votaste a Milei, mi materia no la cursás´. Tengo casos documentados de que solo dan la regularidad a los alumnos que van a las marchas del sindicato”, describió.

Junto al funcionario, en la charla, estuvieron Marcelo Rabossi, profesor del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella y Jaime Correas, exministro de Educación de Mendoza.

 Alejandro Álvarez participó de una charla en la que habló de la distribución presupuestaria y el “adoctrinamiento” en las casas de altos estudios  LA NACION