Amenaza de veto: la UCR cedió ante Milei y postergó la sesión en Diputados para restituir el fondo para salarios docentes

El bloque radical en Diputados decidió desescalar la tensión con el Gobierno por el financiamiento educativo. Tras una conversación con los cinco gobernadores del partido, y frente a la posibilidad cierta de no lograr el quorum para abrir el debate en mayoría, los legisladores de la UCR optaron por posponer para agosto la sesión pedida para el próximo miércoles. Fueron determinantes también el ya anunciado veto presidencial y la ilusión de la oposición de tener un diálogo más fluido con la Casa Rosada después de la sanción de la Ley Bases.

Los dos proyectos que diez diputados radicales solicitaban discutir en el recinto eran las transferencias a las universidades y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), dos iniciativas que amenazan el tan custodiado ajuste que lleva adelante la administración libertaria. La sesión fue pedida el mismo día de la avanzada opositora –en conjunto con el kirchnerismo– que logró la media sanción para recomponer los haberes jubilatorios y elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional. Por ello, el Presidente los catalogó de “degenerados fiscales” y anticipó su veto a cualquier medida que afecte el “déficit cero”.

De reestablecerse, el Fonid es dinero que recibirán los gobernadores para completar los salarios que cobran los maestros de los diferentes niveles educativos. El Poder Ejecutivo dejó de hacer estas transferencias en enero pasado y las eliminó definitivamente del presupuesto en marzo, a través del decreto 280/24. Según la OPC, la restitución del Fonid implicaría para 2024 un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PBI si se reconoce la inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y de 0,16% del PBI si se considera solo la inflación 2024. En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto, entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad.

Pese a que este dinero es reclamado por los mandatarios provinciales de diferentes espacios políticos, que también comparte la oposición dialoguista e intransigente en el Congreso, este punto todavía no alcanza el nivel de acuerdo suficiente. La inclusión del radicalismo de la esencialidad del servicio educativo al proyecto de restitución de Fonid fue lo que trabó el diálogo con Unión por la Patria (UP), que la rechaza porque, a su juicio, vulnera el derecho de huelga docente.

A esto se le suma un fastidio generalizado del bloque que lidera el santafesino Germán Martínez con los dialoguistas, quienes a pesar de buscar su apoyo no pierden la oportunidad de criticarlos. “No solo no es recíproca la ayuda, sino que incluso nos maltratan en sus discursos”, precisó un diputado que formó parte del gabinete del expresidente Alberto Fernández.

Sin el aval del kirchnerismo, era poco probable que la UCR lograra reunir para el miércoles próximo las 129 voluntades que abrirían la sesión y le dieran luz verde a los proyectos. Aún más lejos está, de momento, la obtención de los dos tercios –que sí se consiguieron con la media sanción de la reforma jubilatoria– que le imprimirán a las iniciativas educativas un blindaje parlamentario frente a una impugnación del jefe de Estado.

“Los gobernadores no quieren dar una batalla en vano”, señalaron en el bloque radical, donde son conscientes de que la medida, de aprobarse, será automáticamente vetada por Milei. El desgaste que supuso la negociación con la Casa Rosada por la Ley Bases y la ilusión de un gran acuerdo nacional en la próxima fecha patria desincentivaron la afrenta legislativa. Postergaron la discusión para agosto, después de un receso invernal que los diputados ansían después de seis meses de intenso trabajo y tras la interrupción de las vacaciones de verano, cuando el Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias.

En el Senado, en tanto, será difícil que el Gobierno pueda resistir el avance para restablecer esta partida, donde los gobernadores tienen un peso mayor. Actualmente, hay dos proyectos con estado parlamentario sobre este tema. Uno del senador radical Víctor Zimmermann, al que acompañan varios miembros de su bloque; y otro de los senadores kirchneristas Lucila Corpacci y Guillermo Andrada, ambos de la provincia de Catamarca. Los legisladores de UP solicitaron una sesión especial –que el oficialismo desoyó– el 2 de mayo para forzar el debate para restituir el Fonid. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), en sintonía con el gobernador Martín Llaryora, presentó un proyecto de declaración para manifestar “preocupación” por la derogación de este fondo.

Si bien el financiamiento universitario no supone un gasto tan importante para las arcas del Estado como la restitución del Fonid, tampoco cuenta con los avales suficientes. No obstante, la ofensiva opositora sirvió para presionar al Gobierno para que formalice un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que redundará en un aumento del 270% en las partidas de gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.

“Tienen la resoluciones y falta que las hagan efectivas”, precisaron en el radicalismo sobre estas transferencias a las casas de estudios superiores, que tuvieron avances la semana pasada. Como la discusión por los gastos de funcionamiento está próximo a solucionarse, “los rectores quieren incorporar el tema salarial en la discusión”, indicaron a LA NACION. Con esto en la mira, los rectores universitarios tienen previsto reunirse con los gremios el próximo jueves para definir una hoja de ruta.

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El bloque radical en Diputados decidió desescalar la tensión con el Gobierno por el financiamiento educativo. Tras una conversación con los cinco gobernadores del partido, y frente a la posibilidad cierta de no lograr el quorum para abrir el debate en mayoría, los legisladores de la UCR optaron por posponer para agosto la sesión pedida para el próximo miércoles. Fueron determinantes también el ya anunciado veto presidencial y la ilusión de la oposición de tener un diálogo más fluido con la Casa Rosada después de la sanción de la Ley Bases.

Los dos proyectos que diez diputados radicales solicitaban discutir en el recinto eran las transferencias a las universidades y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), dos iniciativas que amenazan el tan custodiado ajuste que lleva adelante la administración libertaria. La sesión fue pedida el mismo día de la avanzada opositora –en conjunto con el kirchnerismo– que logró la media sanción para recomponer los haberes jubilatorios y elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional. Por ello, el Presidente los catalogó de “degenerados fiscales” y anticipó su veto a cualquier medida que afecte el “déficit cero”.

De reestablecerse, el Fonid es dinero que recibirán los gobernadores para completar los salarios que cobran los maestros de los diferentes niveles educativos. El Poder Ejecutivo dejó de hacer estas transferencias en enero pasado y las eliminó definitivamente del presupuesto en marzo, a través del decreto 280/24. Según la OPC, la restitución del Fonid implicaría para 2024 un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PBI si se reconoce la inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y de 0,16% del PBI si se considera solo la inflación 2024. En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto, entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad.

Pese a que este dinero es reclamado por los mandatarios provinciales de diferentes espacios políticos, que también comparte la oposición dialoguista e intransigente en el Congreso, este punto todavía no alcanza el nivel de acuerdo suficiente. La inclusión del radicalismo de la esencialidad del servicio educativo al proyecto de restitución de Fonid fue lo que trabó el diálogo con Unión por la Patria (UP), que la rechaza porque, a su juicio, vulnera el derecho de huelga docente.

A esto se le suma un fastidio generalizado del bloque que lidera el santafesino Germán Martínez con los dialoguistas, quienes a pesar de buscar su apoyo no pierden la oportunidad de criticarlos. “No solo no es recíproca la ayuda, sino que incluso nos maltratan en sus discursos”, precisó un diputado que formó parte del gabinete del expresidente Alberto Fernández.

Sin el aval del kirchnerismo, era poco probable que la UCR lograra reunir para el miércoles próximo las 129 voluntades que abrirían la sesión y le dieran luz verde a los proyectos. Aún más lejos está, de momento, la obtención de los dos tercios –que sí se consiguieron con la media sanción de la reforma jubilatoria– que le imprimirán a las iniciativas educativas un blindaje parlamentario frente a una impugnación del jefe de Estado.

“Los gobernadores no quieren dar una batalla en vano”, señalaron en el bloque radical, donde son conscientes de que la medida, de aprobarse, será automáticamente vetada por Milei. El desgaste que supuso la negociación con la Casa Rosada por la Ley Bases y la ilusión de un gran acuerdo nacional en la próxima fecha patria desincentivaron la afrenta legislativa. Postergaron la discusión para agosto, después de un receso invernal que los diputados ansían después de seis meses de intenso trabajo y tras la interrupción de las vacaciones de verano, cuando el Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias.

En el Senado, en tanto, será difícil que el Gobierno pueda resistir el avance para restablecer esta partida, donde los gobernadores tienen un peso mayor. Actualmente, hay dos proyectos con estado parlamentario sobre este tema. Uno del senador radical Víctor Zimmermann, al que acompañan varios miembros de su bloque; y otro de los senadores kirchneristas Lucila Corpacci y Guillermo Andrada, ambos de la provincia de Catamarca. Los legisladores de UP solicitaron una sesión especial –que el oficialismo desoyó– el 2 de mayo para forzar el debate para restituir el Fonid. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), en sintonía con el gobernador Martín Llaryora, presentó un proyecto de declaración para manifestar “preocupación” por la derogación de este fondo.

Si bien el financiamiento universitario no supone un gasto tan importante para las arcas del Estado como la restitución del Fonid, tampoco cuenta con los avales suficientes. No obstante, la ofensiva opositora sirvió para presionar al Gobierno para que formalice un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que redundará en un aumento del 270% en las partidas de gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.

“Tienen la resoluciones y falta que las hagan efectivas”, precisaron en el radicalismo sobre estas transferencias a las casas de estudios superiores, que tuvieron avances la semana pasada. Como la discusión por los gastos de funcionamiento está próximo a solucionarse, “los rectores quieren incorporar el tema salarial en la discusión”, indicaron a LA NACION. Con esto en la mira, los rectores universitarios tienen previsto reunirse con los gremios el próximo jueves para definir una hoja de ruta.

 La decisión se tomó en sintonía con los cinco gobernadores radicales y frente a la posibilidad de no obtener quorum; también se pospuso la discusión sobre financiamiento universitario  LA NACION