“Nos tratan de envenenadores”: malestar en Pehuajó por una cautelar que limita la pulverización agrícola
Hay un fuerte malestar entre los productores agropecuarios de Pehuajó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, porque desde septiembre pasado se mantiene una medida cautelar que prohíbe la pulverización agrícola a 300 metros de la zona urbanizada en el partido. Además, se estableció una zona de amortiguamiento ambiental de 300 metros adicionales a partir del límite de la zona urbana donde solo se permite aplicar productos con grados de toxicidad baja, identificados con la banda azul o verde, y de baja volatilidad.
“Nos tratan de intoxicados o de envenenadores cuando nosotros sabemos que lo que hacemos es producir con tecnología probada por todos los entes reguladores. Somos conscientes que tienen cierto grado de responsabilidad, peligrosidad, como lo tiene cualquier actividad moderna. Es una cuestión de trabajar con responsabilidad”, dijo el productor José Perkins, quien junto a un grupo de productores se congregó frente al juzgado federal para expresar su malestar, ya que allí se había convocado a una audiencia entre las partes involucradas en el proceso judicial que originó esta medida cautelar tras una denuncia por supuesta intoxicación el año pasado.
En rigor, esta controversia comenzó en septiembre del año pasado cuando Javier González y Cintia Bongianino, padres de Clara, que viven en la localidad de Francisco Madero en ese partido, acusaron a una supuesta pulverización con fitosanitarios realizada en un campo vecino de afectar la salud de su hija. En este contexto, a mediados de noviembre último, a través de una medida cautelar el juez Héctor Andrés Heim ordenó la creación de una zona de exclusión para la aplicación terrestre de 300 metros, contados desde que termina la zona urbanizada, en la que no se puede realizar la pulverización de ningún agroquímico, a excepción de aquellos relacionados con la producción orgánica. Asimismo fijó una zona de amortiguamiento o de resguardo ambiental de 300 metros contados a partir de que finaliza la zona de exclusión donde solamente se pueden aplicar, como se mencionó, productos con grados de toxicidad baja.
Calcularon que llegarán divisas del agro por US$16.091 millones
Esta medida había sido fijada “temporalmente” porque el magistrado estableció también un plazo de 90 días para que el Concejo Deliberante de Pehuajó legislara sobre agroquímicos. En este contexto, el intendente, Pablo Zurro, propuso un proyecto para aplicar un cargo de dos litros de gasoil premium por hectárea para las máquinas que realicen pulverizaciones. Además, como parte de sus medidas, buscaba ampliar la zona de exclusión para operaciones con fitosanitarios a 500 metros desde la última vivienda, con un buffer adicional de 300 metros y la instalación obligatoria de GPS en todas las máquinas utilizadas para estas aplicaciones. Días después Zurro negó que fuera a cobrar una tasa.
Vencido el plazo del juez, el Concejo Deliberante no alcanzó un acuerdo, por lo que aún no se ha establecido regulación alguna. Ante esto, en marzo pasado la Justicia extendió la vigencia de la medida cautelar. Y hoy Perkins, junto a otros productores, se congregaron frente al juzgado donde el juez Heim convocó a una audiencia con las partes involucradas en la causa. “Nos reunimos aquí porque están tratando cuestiones que nos afectan directamente. Creemos que deberíamos ser convocados también”, expresó el productor. Según detalló, crece la preocupación en la zona por la vigencia de esta medida y la falta de legislación al respecto.
Antecedentes
Vale recordar que este conflicto se enmarca, alertaron los productores, en la ausencia de una regulación provincial clara para las aplicaciones de agroquímicos en la provincia, lo que deja a los municipios para legislar según sus propios criterios. “Nosotros no asumimos la culpa de que lo que estamos haciendo es delito”, dijo el productor. En esa línea, indicó que consideran que la prohibición de la aplicación de fitosanitarios “no es una opción” para regular el uso de fitosanitarios. “Tenemos responsabilidad en el cuidado del ambiente principalmente porque es nuestro trabajo y nuestra salud lo que está en riesgo y tenemos la conciencia y la tecnología para hacer las cosas cada vez mejor”, afirmó.
Remarcó que en el mundo de hoy el uso de fitosanitarios es una herramienta. “Tenemos dentro de nuestras casas el uso de muchas sustancias peligrosas, como puede ser el jabón del lavarropa, el insecticida, o formulaciones nuevas que tienen algunos componentes que son tóxicos, pero todo depende de la dosis en que se aplique. Lo mismo sucede con los fitosanitarios; son tecnologías para el control y la sanidad de las plantas que queremos producir”, explicó.
En tanto, así se refirió al proyecto que trascendió en el Concejo Deliberante. “La tasa que pretenden que se cobre es abusiva. Que le cobren dos litros de gasoil premium a cada hectárea fumigada, teniendo en cuenta que el valor de una aplicación es de cinco litros de gasoil, es un impuesto a la producción”, dijo.
Por otro lado, destacó que existe preocupación porque los ambientalistas solicitan una prohibición de 1095 metros para la aplicación, lo cual sería un límite difícil de cumplir ya que dejaría muchos establecimientos sin la posibilidad de continuar produciendo.
Hay un fuerte malestar entre los productores agropecuarios de Pehuajó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, porque desde septiembre pasado se mantiene una medida cautelar que prohíbe la pulverización agrícola a 300 metros de la zona urbanizada en el partido. Además, se estableció una zona de amortiguamiento ambiental de 300 metros adicionales a partir del límite de la zona urbana donde solo se permite aplicar productos con grados de toxicidad baja, identificados con la banda azul o verde, y de baja volatilidad.
“Nos tratan de intoxicados o de envenenadores cuando nosotros sabemos que lo que hacemos es producir con tecnología probada por todos los entes reguladores. Somos conscientes que tienen cierto grado de responsabilidad, peligrosidad, como lo tiene cualquier actividad moderna. Es una cuestión de trabajar con responsabilidad”, dijo el productor José Perkins, quien junto a un grupo de productores se congregó frente al juzgado federal para expresar su malestar, ya que allí se había convocado a una audiencia entre las partes involucradas en el proceso judicial que originó esta medida cautelar tras una denuncia por supuesta intoxicación el año pasado.
En rigor, esta controversia comenzó en septiembre del año pasado cuando Javier González y Cintia Bongianino, padres de Clara, que viven en la localidad de Francisco Madero en ese partido, acusaron a una supuesta pulverización con fitosanitarios realizada en un campo vecino de afectar la salud de su hija. En este contexto, a mediados de noviembre último, a través de una medida cautelar el juez Héctor Andrés Heim ordenó la creación de una zona de exclusión para la aplicación terrestre de 300 metros, contados desde que termina la zona urbanizada, en la que no se puede realizar la pulverización de ningún agroquímico, a excepción de aquellos relacionados con la producción orgánica. Asimismo fijó una zona de amortiguamiento o de resguardo ambiental de 300 metros contados a partir de que finaliza la zona de exclusión donde solamente se pueden aplicar, como se mencionó, productos con grados de toxicidad baja.
Calcularon que llegarán divisas del agro por US$16.091 millones
Esta medida había sido fijada “temporalmente” porque el magistrado estableció también un plazo de 90 días para que el Concejo Deliberante de Pehuajó legislara sobre agroquímicos. En este contexto, el intendente, Pablo Zurro, propuso un proyecto para aplicar un cargo de dos litros de gasoil premium por hectárea para las máquinas que realicen pulverizaciones. Además, como parte de sus medidas, buscaba ampliar la zona de exclusión para operaciones con fitosanitarios a 500 metros desde la última vivienda, con un buffer adicional de 300 metros y la instalación obligatoria de GPS en todas las máquinas utilizadas para estas aplicaciones. Días después Zurro negó que fuera a cobrar una tasa.
Vencido el plazo del juez, el Concejo Deliberante no alcanzó un acuerdo, por lo que aún no se ha establecido regulación alguna. Ante esto, en marzo pasado la Justicia extendió la vigencia de la medida cautelar. Y hoy Perkins, junto a otros productores, se congregaron frente al juzgado donde el juez Heim convocó a una audiencia con las partes involucradas en la causa. “Nos reunimos aquí porque están tratando cuestiones que nos afectan directamente. Creemos que deberíamos ser convocados también”, expresó el productor. Según detalló, crece la preocupación en la zona por la vigencia de esta medida y la falta de legislación al respecto.
Antecedentes
Vale recordar que este conflicto se enmarca, alertaron los productores, en la ausencia de una regulación provincial clara para las aplicaciones de agroquímicos en la provincia, lo que deja a los municipios para legislar según sus propios criterios. “Nosotros no asumimos la culpa de que lo que estamos haciendo es delito”, dijo el productor. En esa línea, indicó que consideran que la prohibición de la aplicación de fitosanitarios “no es una opción” para regular el uso de fitosanitarios. “Tenemos responsabilidad en el cuidado del ambiente principalmente porque es nuestro trabajo y nuestra salud lo que está en riesgo y tenemos la conciencia y la tecnología para hacer las cosas cada vez mejor”, afirmó.
Remarcó que en el mundo de hoy el uso de fitosanitarios es una herramienta. “Tenemos dentro de nuestras casas el uso de muchas sustancias peligrosas, como puede ser el jabón del lavarropa, el insecticida, o formulaciones nuevas que tienen algunos componentes que son tóxicos, pero todo depende de la dosis en que se aplique. Lo mismo sucede con los fitosanitarios; son tecnologías para el control y la sanidad de las plantas que queremos producir”, explicó.
En tanto, así se refirió al proyecto que trascendió en el Concejo Deliberante. “La tasa que pretenden que se cobre es abusiva. Que le cobren dos litros de gasoil premium a cada hectárea fumigada, teniendo en cuenta que el valor de una aplicación es de cinco litros de gasoil, es un impuesto a la producción”, dijo.
Por otro lado, destacó que existe preocupación porque los ambientalistas solicitan una prohibición de 1095 metros para la aplicación, lo cual sería un límite difícil de cumplir ya que dejaría muchos establecimientos sin la posibilidad de continuar produciendo.
En ese partido bonaerense el magistrado Héctor Andrés Heim mantiene una restricción desde septiembre del año pasado tras una denuncia por una aplicación LA NACION
