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Mientras sus abogados preparan la defensa, Cantero pasa unos días “tranquilos” en un departamento en Ciudadela

Luego de los allanamientos, Jeremías Cantero, número dos del Polo Obrero y uno de los principales apuntados en el esquema de extorsión que describe el fiscal Gerardo Pollicita en su pedido a indagatoria, pasa sus días haciendo una “vida normal” en su domicilio en Ciudadela.

Sobre él pesa la acusación de ser una pieza clave en una presunta estructura extorsiva por la cual integrantes del movimiento del que es referente, administrando un sistema de premios y castigos, apretaban a beneficiarios del Potenciar Trabajo para asistir a movilizaciones.

Cantero alquila un departamento en Ciudadela junto a Gianni Puppo, integrante también del Polo Obrero y otro de los 28 nombres que Pollicita apunta a citar a indagatoria. Según pudo reconstruir LA NACION, se trata de un departamento “chico” –según afirmó un propietario del edificio- con tres ambientes y dos baños en uno de los coquetos edificios que se alzan en una zona baja pero comercial, a metros de las vías.

Uno de los departamentos en venta del edificio en el que vive se ofrece en el orden de los 90 mil dólares. Muy lejos del lujo, pero también de la “miseria más absoluta” que le adjudican en su entorno.

Allí, Cantero hace una “vida normal”, según describieron sus allegados, después del sigiloso operativo policial en la madrugada del lunes que lo dejó “incomunicado” tras el secuestro de su celular. Junto con él, se llevaron 2591 dólares, 75.000 pesos, tres notebooks, dos celulares, un talonario de remitos y 135 recibos de pago del Polo Obrero.

Los abogados que encaran su defensa, quienes tuvieron acceso a los expedientes en la noche del martes, estudian con cuidado los próximos pasos para “desarmar de a poco” lo que entienden es una “construcción de un relato criminalizador” que el Gobierno supuestamente tejió junto a la Justicia.

Como primer paso, el trío de letrados activará una serie de escritos para la restitución de los “ahorros” y bienes recabados en el operativo, hoy inhibidos tras una disposición del juez federal Sebastián Casanello, quien en primera instancia optó con avanzar con otras medidas de prueba. La apelación del fiscal Pollicita le dio nuevo aire a la causa y traccionó los allanamientos.

Entre otros elementos, la Justicia secuestró 55 mil dólares en el domicilio de María Isolda Dotti, otra integrante del Polo Obrero. Para la defensa, se trata de una “suma demasiado baja para hablar de una sociedad ilícita”, cuyo origen Dotti, aseguran, puede acreditar. “De 2400 casos solo tienen 7 testimonios”, señaló Liliana Alaniz, una las abogadas del Polo Obrero.

Cantero hizo su descargo en diálogo con la Prensa Obrera. En sintonía con la estrategia de sus abogados, se alejó de las acusaciones, apuntó contra el procedimiento policial y dio vuelta el planteo de Pollicita. “Nos acusan a nosotros pero todos se deben acordar como por las estaciones de trenes el Gobierno, la ministra (por Patricia Bullrich) y todos los voceros del Gobierno salieron a decir que el que marcha no cobra. Bueno los extorsionadores están del otro lado”, adujo.

“Quien se robó la comida de los comedores populares fue el Gobierno, que desde que asumió no llega un kilo de arroz a ningún comedor”, explicó, ante una pregunta sobre el mecanismo de “castigo” del que se lo acusa. En medio de la denuncia que alzó el Gobierno en la Justicia por la inexistencia de la mitad de los comedores relevados, también afirmó que los comedores que el Polo Obrero tiene en Capital Federal no fueron auditados. “Tenemos alrededor de 40″, sostuvo.

Cantero se encuentra desempleado desde el 31 de marzo, fecha en la que vencían muchos de los contratos en el empleo público y el Gobierno dio de baja. En 2020, al tiempo en que los movimientos sociales desembarcaban en el exMinisterio de Desarrollo Social con Emilio Pérsico (Movimiento Evita) a la cabeza como secretario de Economía Social, Cantero empezó a trabajar como administrativo. “Cuando rompíamos con Belliboni, hablábamos con él”, deslizó un funcionario del ministerio de la gestión anterior.

Luego de los allanamientos, Jeremías Cantero, número dos del Polo Obrero y uno de los principales apuntados en el esquema de extorsión que describe el fiscal Gerardo Pollicita en su pedido a indagatoria, pasa sus días haciendo una “vida normal” en su domicilio en Ciudadela.

Sobre él pesa la acusación de ser una pieza clave en una presunta estructura extorsiva por la cual integrantes del movimiento del que es referente, administrando un sistema de premios y castigos, apretaban a beneficiarios del Potenciar Trabajo para asistir a movilizaciones.

Cantero alquila un departamento en Ciudadela junto a Gianni Puppo, integrante también del Polo Obrero y otro de los 28 nombres que Pollicita apunta a citar a indagatoria. Según pudo reconstruir LA NACION, se trata de un departamento “chico” –según afirmó un propietario del edificio- con tres ambientes y dos baños en uno de los coquetos edificios que se alzan en una zona baja pero comercial, a metros de las vías.

Uno de los departamentos en venta del edificio en el que vive se ofrece en el orden de los 90 mil dólares. Muy lejos del lujo, pero también de la “miseria más absoluta” que le adjudican en su entorno.

Allí, Cantero hace una “vida normal”, según describieron sus allegados, después del sigiloso operativo policial en la madrugada del lunes que lo dejó “incomunicado” tras el secuestro de su celular. Junto con él, se llevaron 2591 dólares, 75.000 pesos, tres notebooks, dos celulares, un talonario de remitos y 135 recibos de pago del Polo Obrero.

Los abogados que encaran su defensa, quienes tuvieron acceso a los expedientes en la noche del martes, estudian con cuidado los próximos pasos para “desarmar de a poco” lo que entienden es una “construcción de un relato criminalizador” que el Gobierno supuestamente tejió junto a la Justicia.

Como primer paso, el trío de letrados activará una serie de escritos para la restitución de los “ahorros” y bienes recabados en el operativo, hoy inhibidos tras una disposición del juez federal Sebastián Casanello, quien en primera instancia optó con avanzar con otras medidas de prueba. La apelación del fiscal Pollicita le dio nuevo aire a la causa y traccionó los allanamientos.

Entre otros elementos, la Justicia secuestró 55 mil dólares en el domicilio de María Isolda Dotti, otra integrante del Polo Obrero. Para la defensa, se trata de una “suma demasiado baja para hablar de una sociedad ilícita”, cuyo origen Dotti, aseguran, puede acreditar. “De 2400 casos solo tienen 7 testimonios”, señaló Liliana Alaniz, una las abogadas del Polo Obrero.

Cantero hizo su descargo en diálogo con la Prensa Obrera. En sintonía con la estrategia de sus abogados, se alejó de las acusaciones, apuntó contra el procedimiento policial y dio vuelta el planteo de Pollicita. “Nos acusan a nosotros pero todos se deben acordar como por las estaciones de trenes el Gobierno, la ministra (por Patricia Bullrich) y todos los voceros del Gobierno salieron a decir que el que marcha no cobra. Bueno los extorsionadores están del otro lado”, adujo.

“Quien se robó la comida de los comedores populares fue el Gobierno, que desde que asumió no llega un kilo de arroz a ningún comedor”, explicó, ante una pregunta sobre el mecanismo de “castigo” del que se lo acusa. En medio de la denuncia que alzó el Gobierno en la Justicia por la inexistencia de la mitad de los comedores relevados, también afirmó que los comedores que el Polo Obrero tiene en Capital Federal no fueron auditados. “Tenemos alrededor de 40″, sostuvo.

Cantero se encuentra desempleado desde el 31 de marzo, fecha en la que vencían muchos de los contratos en el empleo público y el Gobierno dio de baja. En 2020, al tiempo en que los movimientos sociales desembarcaban en el exMinisterio de Desarrollo Social con Emilio Pérsico (Movimiento Evita) a la cabeza como secretario de Economía Social, Cantero empezó a trabajar como administrativo. “Cuando rompíamos con Belliboni, hablábamos con él”, deslizó un funcionario del ministerio de la gestión anterior.

 Está acusado por el fiscal Pollicita de ser una pieza clave en un engranaje diseñado para apretar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo; “los extorsionadores están del otro lado”, se defendió  LA NACION

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